En la provincia de San Román, un grupo de ciudadanos se manifestaron en contra del Decreto Legislativo 1620, que, según ellos, privatiza y mercantiliza el acceso al agua. Esta protesta, que se extiende a nivel nacional, afectará los bolsillos del pueblo peruano.
Según argumentan, la Ley 1620 permite que los gobiernos regionales y locales gestionen la inversión privada en el servicio de agua. Los manifestantes exigen la derogación de esta ley, ya que consideran que el agua es un derecho humano que no debe ser objeto de lucro, afirmando que el neoliberalismo impulsa la privatización.
Los dirigentes critican la ausencia del Comité de Agua y Desagüe en estas protestas, acusándolos de recibir a las ministras y al gobierno en lugar de unirse a la lucha contra la privatización del agua, que consideran un ataque al pueblo peruano.
Durante el período de 1991 a 2000, se concesionó o liquidó cerca del 90% del patrimonio empresarial minero, el 85.5% de la manufactura, el 68% en hidrocarburos y electricidad, y el 35% en agricultura. Ahora, con el decreto legislativo 1620, promulgado el 21 de diciembre pasado, se pretende privatizar el acceso al agua, por lo que exigen su derogación.
