La Ley N° 31876, que regula el proceso de ejecución de obras por administración directa, limitando el monto de las obras a un máximo de 50 UIT, generará mayores gastos a las municipalidades, y muy probablemente las diferentes obras programadas queden paralizadas, opinó el arquitecto Abelardo Quispe Huanacuni.
Señaló que, esta ley no beneficia, sino por el contrario, pareciera ser una redundancia, porque ya existía una resolución de Contraloría que regulaba los procedimientos para la ejecución de obras por administración directa.
“Esta ley le puso un límite, es decir, todas las obras que superen los 250 mil soles deberán ejecutarse bajo la modalidad de contrato, por ejemplo, si un gobierno regional o municipalidad ya tenía obras planificadas por administración directa, quedarán paralizadas, porque se deberá modificar el expediente técnico”, indicó.
A través de Pachamama radio, sostuvo que esto cae como un balde de agua fría a las municipalidades, pues no solo paralizarán la ejecución de sus obras, sino también requerirán más dinero para la modificación de los expedientes, cuyo costo final incrementará.
