Los recientes informes de la Contraloría General de la República han dejado al descubierto la falta de cumplimiento de requisitos mínimos por parte de funcionarios en el Gobierno Regional de Puno y diversas municipalidades locales. En este contexto, ha surgido a la luz la ley 31676 y su enmienda en el código penal, generando nuevas discusiones.
De acuerdo con esta normativa, los funcionarios públicos que nombran o designan a individuos que no cumplan con los requisitos legales para un cargo público podrían enfrentar una pena privativa de libertad no menor de dos años ni mayor de cuatro. Esta misma pena se aplicaría a la persona que acepta el cargo.
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El abogado Fredy Vilca explica que es el Ministerio Público el encargado de llevar a cabo las investigaciones y determinar el nivel de afectación para la sanción penal. Vilca destaca la importancia de abordar no sólo a quienes designaron a los funcionarios, sino también a aquellos que aceptaron el cargo.
En este sentido, Vilca enfatiza que la función pública requiere experiencia y conocimiento, elementos que a menudo son transmitidos por exfuncionarios. Sin embargo, la falta de esta práctica puede llevar a que los nuevos funcionarios vean su puesto como una oportunidad de aprendizaje en lugar de una responsabilidad con requisitos específicos.
