Los casos de trata de personas registran un alarmante aumento en Juliaca. El fiscal de trata de personas, Paulo Deza Medina, alertó que a mayo de 2025 se registraron 15 casos más en comparación al mismo mes del año anterior, con 50 expedientes activos en investigación.
La región Puno opera como zona de origen y tránsito de víctimas. Esta realidad se agrava por la informalidad comercial, que facilita la explotación sexual y laboral en bares y cantinas sin autorización, principalmente en Juliaca, La Rinconada y Mazocruz.
La minería ilegal es el principal detonante de esta crisis. Según Deza Medina, ese entorno genera «círculos delictuales» que incluyen trata de personas, drogas y crimen organizado, sin que el Estado central adopte medidas efectivas para combatirla.
La explotación sexual supera en visibilidad a la laboral. La sociedad normaliza las violaciones a derechos laborales, lo que reduce la cantidad de denuncias por ese tipo, mientras los locales nocturnos sexualizan a mujeres para incrementar la venta de alcohol.
La baja de guardia institucional agrava el panorama. El fiscal señaló que las campañas electorales desviaron la atención de las autoridades, y que la falta de medios de transporte limita los operativos conjuntos con la Policía Nacional en zonas críticas.
La proyección al cierre de 2025 supera el centenar de casos. Ante ello, la Fiscalía coordina acciones con instituciones públicas y sociedad civil desde el municipio de Juliaca, con el objetivo de articular una respuesta colectiva frente a este delito en toda la región.
