La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Empleados y Obreros de la Municipalidad Provincial de San Román Juliaca, Yolanda Luzmila Coila Monteagudo, solicitó al alcalde William Óscar Cáceres Rodríguez el descuento mensual de S/5 a cada uno de los 500 afiliados registrados en el padrón sindical.
El pedido, presentado el 6 de abril de 2026 con el número SITREOMUN-J, tiene antecedentes desde 2018 y fue reiterado en los expedientes administrativos de 2019 y 2021, sin que la municipalidad lo atienda. Coila Monteagudo justificó la solicitud por los gastos en viajes a Puno, Lima y Sunafil, así como por el proceso judicial que el Ministerio de Economía y Finanzas abrió contra el sindicato.
La dirigente explicó que cada afiliado firmó una declaración jurada autorizando el descuento, y que los fondos se depositarán en una cuenta corriente a nombre del sindicato, con tres personas autorizadas para su manejo. Sin embargo, no identificó a los responsables de esa cuenta durante la entrevista.
Al ser consultada sobre los nombres de quienes manejarían los recursos, Coila Monteagudo respondió que la asamblea es la máxima autoridad del sindicato y que ella actúa según lo que este órgano le ordena. Afirmó que «la asamblea me ordena y eso», sin precisar cuándo se realizaría la elección de los responsables de la cuenta.
Del padrón de 500 afiliados, un número no determinado falleció, otros fueron despedidos y algunos tramitan su reincorporación. Solo los trabajadores activos recibirán el descuento mensual, aunque la dirigente no precisó cuántos son en total en la actualidad.
En cuanto a la autonomía sindical, Coila Monteagudo rechazó que la gestión de los fondos sea opaca: sostuvo que el dinero no es del alcalde ni de la municipalidad, sino de los propios trabajadores, y que la cuenta bancaria permitirá verificar todos los movimientos. «Lo hacemos en aras de la transparencia», afirmó la dirigente ante las preguntas del periodista.
El sindicato logró una multa contra el municipio en 2019, hecho que la dirigente citó como argumento para justificar el cobro de la cuota desde ese año. No obstante, la falta de información sobre los administradores de los fondos y la demora de ocho años en formalizar el descuento generaron cuestionamientos sobre el manejo real de los recursos.
