Casi un mes después de revelarse el caso de “Los Mandachitos de la Corrupción”, el Frente de Organizaciones Populares de Puno recién salió a protestar este último viernes exigiendo cárcel para el alcalde Javier Ponce y el gerente de Transportes y Seguridad Vial, Daniel Guerra, señalados de cambiar papeletas a conductores ebrios previo pago por sanciones más leves.
Los dirigentes trataron de justificar la demora, señalando que transcurrieron casi dos semanas sin ningún pronunciamiento, no solo del Frente sino de otras organizaciones sociales, en lo que podría ser calificado como un silencio aparentemente cómplice frente a una investigación de alta gravedad institucional.
«Nosotros a los medios de comunicación damos parte, todos los documentos que presentamos, ustedes siempre me han visto», respondió el presidente del FOP, Amador Núñez, justificando la tardanza con gestiones previas documentadas en 2024 y 2025 para cambiar al gerente Guerra, antes de que estallara el escándalo público.
Una dirigencia entre la presión legal y la inacción pública
El vicepresidente del FOP reconoció que varios integrantes de la organización estuvieron distanciados por motivos laborales durante las semanas previas al pronunciamiento, aunque insistió en que el Frente actuó con documentos desde el primer año de gestión municipal, alertando sobre irregularidades en la gerencia de transporte.
Un factor que explica parcialmente la tardanza es la amenaza expresa del Ministerio Público hacia la dirigencia, que les advirtió que no podían convocar paros ni movilizaciones durante el proceso investigativo, limitando su margen de acción pública frente al escándalo.
Una integrante del Frente graficó la frustración acumulada al afirmar que en el Perú «denunciar la corrupción parece más delito que ser corrupto», reconociendo que la sociedad civil enfrenta restricciones reales para actuar sin exponerse a represalias institucionales.
El costo del silencio y lo que viene el 26 de mayo
El retraso del pronunciamiento tiene un costo político concreto: la dirigente Maruja Inquilla y excandidata, aprovechó el vacío público para acusar al FOP de inacción, generando cuestionamientos en redes, a lo que Núñez respondió atribuyendo las críticas a intereses fujimoristas y anunciando posibles acciones legales por difamación.
El experto en fiscalización ciudadana que se requería brilló por su ausencia en la protesta, y ningún representante de colegios profesionales ni gremios se sumó al plantón, evidenciando que la sociedad civil de Puno tardó casi un mes en articular una respuesta organizada ante uno de los mayores escándalos municipales recientes.
El FOP anuncio que el 26 de mayo, fecha de la audiencia donde el fiscal pedirá 36 meses de prisión preventiva para el alcalde y Dani Guerra, convocará una reunión para definir movilizaciones, marcando así el verdadero inicio de su presión pública.
