La Procuraduría Pública Anticorrupción de Puno, liderada por Emma Cazorla Valdez, enfrenta una carga procesal significativa con 1800 casos de corrupción que involucran a funcionarios de diversas entidades públicas.
En declaraciones, Cazorla detalló que los delitos más recurrentes en estos casos son peculado (apropiación indebida de recursos estatales), negociación incompatible (favoritismo en el sector público) y colusión (acuerdos irregulares en contrataciones y adquisiciones).
Subrayó la importancia de una lucha colectiva contra la corrupción, instando a la participación activa de instituciones públicas, empresas privadas y la sociedad civil. Resaltó que todas estas entidades deben presentar sus denuncias para permitir al Ministerio Público llevar a cabo las investigaciones pertinentes.
Además, Cazorla enfatizó que la educación juega un papel crucial en la formación de los jóvenes sobre la lucha contra la corrupción. «Ellos no son el futuro, sino el presente que tenemos», expresó, destacando la relevancia de involucrar a la juventud en la erradicación de la corrupción.
