Entre la noche de este último miércoles y madrugada de este jueves, se realizó un mega operativo policial denominado, «Los mandachitos de la corrupción», en donde se capturó a seis integrantes de una red de cohecho activo y pasivo en la gerencia de transportes de la Municipalidad Provincial de Puno; la acción simultáneamente fue en 11 inmuebles.
El operativo fue liderado por el comandante PNP Víctor Ángel Núñez Zeballos, jefe del DEPDICC Puno, al mando de 33 efectivos especializados de DEPDICC Puno, Arequipa, Cusco y Moquegua, con el apoyo de 77 efectivos y 20 vehículos de la Región Policial Puno, COMTUR y DESDPC de Juliaca, Santa Lucía y Puno.
La jueza, María Candelaria Morales Segura, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno emitió, el 20 de marzo de 2026, las Resoluciones Judiciales N° 03, 04 y 05, que ordenaron detención preliminar, allanamiento con descerraje e incautación en once inmuebles.
Antecedentes, modus operandi e impacto de la red criminal
La presunta organización criminal operó durante 2024 y 2025, articulando a funcionarios de la Gerencia de Transportes y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Puno con efectivos de la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial de la PNP Puno, en contubernio con particulares.
La red habría cometido omisión dolosa del registro y ejecución de sanciones, desaparición de expedientes, alteración y anulación de papeletas de tipo M1, M2 y M3, así como liberación indebida de vehículos a cambio de sumas dinerarias recibidas directa e indirectamente por conductores infractores.
Entre los casos identificados, a fines de 2024 la presunta banda criminal, habría favorecido a un ciudadano puneño intervenido en estado de ebriedad; su vehículo fue internado en el depósito municipal, pero gestiones irregulares lograron liberarlo y eludir la denuncia fiscal por conducción en estado de ebriedad, según la investigación.
Los seis detenidos: identidades, cargos y perfiles
Seis personas fueron detenidas en el mega operativo «Los Mandachitos de la corrupción»: Willy Wilson Cáceres Pauro (41), subgerente de Registro de Transportes de la Municipalidad Provincial de Puno, natural de Puno; Jesús Virgilio Maquera Arrazola (32), administrativo de la Oficina de Liberación Vehicular de la misma municipalidad, oriundo de Ilave; y el S1 PNP José Rolando Vilca Rivas (42), efectivo de la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial (UTSEVI) Puno, natural de Paucarpata, Arequipa; los tres restantes detenidos, cuyas identidades se encuentran en proceso de confirmación oficial, completan el grupo de seis investigados por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio, tráfico de influencias y cohecho activo genérico en agravio del Estado peruano.
Los delitos imputados comprenden, cohecho pasivo propio en ejercicio de la función policial, tráfico de influencias y cohecho activo genérico, todos en agravio del Estado peruano, según las Resoluciones Judiciales N° 03, 04 y 05 del 20 de marzo de 2026 del Cuarto Juzgado de Puno.
El fiscal provincial, Arturo Saúl Zirena Asencio, solicitó las medidas restrictivas de derecho ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, que otorgó detención preliminar para las seis personas y autorizó los 11 allanamientos con fines de registro y detención.
Las diligencias abarcaron el allanamiento con descerraje de once inmuebles, la incautación de bienes, documentos públicos y privados, instrumentos y objetos vinculados a la organización; participaron fiscales de la Fiscalía Corporativa Especializada de Puno y abogados de la Defensa Pública, según el parte policial.
Alcance institucional, desafíos y proyecciones del caso
La red criminal articuló tres sectores institucionales: la Gerencia de Transportes de la Municipalidad Provincial de Puno, la Unidad de Tránsito PNP y particulares externos; esta estructura tripartita hace del caso uno de los más complejos registrados en la región Puno en materia de corrupción de funcionarios.
La presencia de efectivos PNP entre los imputados representa el principal obstáculo institucional, al comprometer la cadena de verificación de infracciones de tránsito; la coordinación entre cuatro departamentos anticorrupción de distintas regiones evidencia la magnitud del operativo.
En tanto, El fiscal Zirena Asencio continuará el proceso con la documentación incautada, los registros de los once inmuebles allanados y las comunicaciones interceptadas como evidencia; la División Anticorrupción PNP proyecta ampliar la investigación hacia los tres detenidos pendientes de identificación y otros actores de la red.
