La procuraduría anticorrupción informó que Alberto Fujimori acumula una deuda aproximada de S/57 millones por concepto de reparación civil en 3 sentencias judiciales en su contra. Los procesos específicos que dictaminaron estas reparaciones son por el allanamiento irregular a la vivienda de Vladimiro Montesinos, la compra irregular de Cable Canal durante su gobierno y el pago irregular de CTS a Montesinos.
El monto total incluye los intereses generados hasta la fecha por no haber pagado las reparaciones civiles ordenadas en dichas sentencias condenatorias. Este dinero no se puede cobrar mediante la incautación de la pensión vitalicia a la que tiene derecho como expresidente, ya que Fujimori desistió de recibirla. Tampoco registra propiedades o bienes a su nombre para un posible embargo.
La reciente restitución de su indulto humanitario por parte del Tribunal Constitucional no exime a Fujimori de pagar la millonaria reparación civil, por lo que la deuda se mantiene exigible. El Ministerio Público además debe garantizar la permanencia de Fujimori en el país para que afronte acusaciones pendientes.
El exmandatario fue extraditado desde Chile en 2007 específicamente para responder ante la justicia peruana por múltiples casos de corrupción de su gobierno, como los que motivaron las sentencias con reparaciones civiles antes mencionadas. Su situación legal aún es compleja.
La procuraduría enfatizó en su comunicado oficial que la reciente restitución de su indulto humanitario no libera a Alberto Fujimori del pago de la reparación civil de más de S/57 millones ordenada judicialmente. Por ello, esa deuda se mantiene exigible por parte del Estado peruano.
