El Ministerio Público ha decidido formalizar una investigación preparatoria por un período de ocho meses contra siete oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) por los presuntos delitos de lesiones leves, graves y abuso de autoridad. Estos cargos se derivan de los incidentes ocurridos durante las protestas conocidas como la “Toma de Lima” el 19 de enero del año pasado. David Velazco Rondón, abogado de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), sostuvo que se existen medios probatorios suficientes para esta formalización y se determine en qué medida los acusados son responsables.
De acuerdo con Velazco Rondón, la Fiscalía ha recopilado varios elementos de convicción que fundamentan la formalización de la investigación. Entre estos elementos se encuentran los planes operativos de la policía, testimonios de víctimas y testigos, así como declaraciones de los propios efectivos policiales. “Los planes operativos detallan las acciones a seguir y señalan quiénes eran los responsables de los destacamentos policiales en las zonas de conflicto, así como las ubicaciones exactas de estos efectivos”, explicó en el programa Voces del Sur de la Red Micaelas.
Además, la investigación ha identificado que los efectivos policiales utilizaron “medios de contención” tales como lanzadores de bombas lacrimógenas y perdigones. Con base en los videos, las declaraciones y los planes operativos, la Fiscalía ha logrado ubicar a tres oficiales (dos mayores y un capitán) y a cuatro suboficiales que serían responsables directos de los disparos que resultaron en lesiones graves a manifestantes.
Destacó que los tres oficiales están siendo investigados bajo la figura de “comisión por omisión”. Según la Fiscalía, aunque no fueron los autores materiales de las lesiones, tenían el deber de garantizar que sus subalternos no causaran daño durante las manifestaciones. “Se les atribuye responsabilidad por no impedir el uso indebido de armas de reglamento por parte de sus subalternos”, detalló el abogado.
Por otro lado, los cuatro suboficiales son considerados autores directos de los disparos que ocasionaron las lesiones. A pesar de las pruebas, los efectivos policiales han negado responsabilidad en causar daño específico a los manifestantes. “Ellos argumentan que utilizaron sus armas de reglamento en defensa propia, de la propiedad privada y de las personas que no participaban en las protestas”, mencionó Velazco.
Los oficiales imputados también han defendido que en ningún momento observaron que sus subordinados hicieran un uso inadecuado de las armas. “Su defensa sostiene que no dieron órdenes para disparar indiscriminadamente, pero tampoco impidieron que sus subalternos lo hicieran”, añadió.
El abogado de FEDEPAZ también mencionó que la investigación sigue avanzando y que la Fiscalía continúa recopilando información adicional sobre los planes operativos y el uso de municiones por parte de la policía. “La idea es identificar de manera más precisa qué policías utilizaron las armas y en qué circunstancias”, afirmó.
El caso incluye a víctimas de diferentes regiones del país, incluyendo Puno, Cusco, Cajamarca y el Callao, además de residentes de Lima. Aún no se tiene información detallada sobre la situación actual de todas las víctimas, pero se sabe que el proceso legal continuará buscando justicia para quienes resultaron heridos durante las protestas. Velazco Rondón subrayó la importancia de continuar con la investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.