Alcalde de Samán exige defensas ribereñas tras inundar 1200 hectáreas

Reynaldo Puma
Reynaldo Puma 11/04/2025

El alcalde de la Municipalidad distrital de Samán en la provincia de Azángaro, Freddy Yana Ccaccasaca, responsabilizó al Gobierno Regional de Puno por las inundaciones que afectaron 1200 hectáreas en Azángaro, debido a la falta de defensas ribereñas en los últimos 20 años. Durante una reunión con autoridades, el burgomaestre exigió proyectos permanentes en lugar de ayuda humanitaria temporal para frenar los recurrentes desastres.

Yana Ccaccasaca anunció que su municipio destinará 50 mil soles para reforzar el cauce del río, aunque pobladores cuestionan su gestión durante la emergencia. Vecinos y ronderos señalan que la municipalidad no activó protocolos de defensa civil ni asignó recursos oportunos cuando comenzaron las inundaciones.

El encuentro con Raúl Doroteo Carbajo, presidente de la Comisión de Gestión de Riesgo de Desastres del Congreso, no logró compromisos concretos del gobierno central. Las autoridades locales esperaban fondos para obras de contención, pero solo recibieron promesas de evaluar la situación.

Como medida de reactivación, la municipalidad entregó maquinaria agrícola a centros poblados afectados, incluyendo tractores y arados para recuperar tierras en Chucaripo. Estas acciones buscan paliar las pérdidas en zonas donde el agua arrasó con cultivos y pastos para el ganado.

El alcalde reconoció que la respuesta siempre llega tarde, cuando «ocurre el desastre y recién nos preocupamos». Insistió en que se necesita proteger urgentemente los tramos vulnerables del río, donde cada año se repiten las inundaciones durante la temporada de lluvias.

Expertos en gestión de riesgos señalan que Samán requiere al menos 5 kilómetros de defensas ribereñas, con una inversión estimada de 8 millones de soles. Mientras tanto, los agricultores afectados temen que las próximas lluvias agraven la situación en tierras ya debilitadas por las recientes inundaciones.

La población exige acciones coordinadas entre el gobierno local, regional y nacional, pues el 70% de las áreas afectadas son tierras de cultivo que sostienen la economía de 15 comunidades campesinas en la provincia de Azángaro.