El Ministerio Público, a través del fiscal Arturo Zirena, presentó pruebas contundentes en la investigación contra la presunta organización criminal «Los Mandachitos de la Corrupción». Entre las evidencias destacan capturas de pantalla de WhatsApp donde se coordinaban los pagos ilegales.
Los mensajes muestran transacciones económicas que oscilan entre S/ 200 y S/ 800. Estos montos eran entregados a cambio de anular multas de tránsito graves o reducir su gravedad, permitiendo que conductores infractores evadieran sanciones millonarias.
En los chats, se observa cómo funcionarios y particulares negociaban la manipulación de papeletas. Por ejemplo, Mario Flores Condemayta ofrecía «soluciones» a conductores con multas por conducir ebrios o sin licencia. En un mensaje, se lee: «Te bajo la multa a S/ 700, pero tienes que hablar con el gerente».
El fiscal destacó que estas coordinaciones involucraban a Jesús Virgilio Maquera Arrazola, administrativo de la oficina de liberaciones, quien prometía anular infracciones a cambio de dinero. En una grabación, Maquera admitió: «Si pagas S/ 300, la papeleta desaparece del sistema».
Casos graves:
Entre los casos más graves están los de Willy René Vilca Neira y Freddy Fernández, responsables de accidentes con víctimas fatales. Vilca Neira, por ejemplo, causó la muerte de Andrés Umiña Ito en agosto de 2024 al conducir ebrio. A pesar de la gravedad, su multa (M1) fue reducida a una falta menor (P9), permitiéndole mantener su licencia vigente.
El fiscal explicó que estos casos demuestran la impunidad con la que operaba la red. «Conductores con multas por ebriedad o accidentes mortales seguían en las calles sin sanción», denunció Zirena. Esto se logró mediante la adulteración de papeletas y la emisión de resoluciones falsas.
Estructura:
La organización criminal tenía una estructura jerárquica. Los «puntos nodales», como el alcalde Javier Ponce Roque y el exgerente de Transportes y Seguridad Vial Danny Guerra, dirigían las operaciones. Los colaboradores, como Franz Quispe Pérez y Lourdes Paco Yupanqui, ejecutaban los trámites irregulares.
El fiscal señaló que la red aprovechaba el sistema administrativo para ocultar sus acciones. Por ejemplo, reemplazaban papeletas originales por actas de control falsas con infracciones menores, como conducir sin póliza de seguro (P9) en lugar de conducir ebrio (M1 o M2).
Montos:
Las pérdidas para el Estado superan los S/ 500 000, según estimaciones de la Fiscalía. Esto incluye multas no cobradas y pagos irregulares. Una multa por M1 (conducir ebrio y causar accidente) debería costar S/ 5350, pero se reducía a S/ 91 o S/ 72.80 en los casos manipulados.
El fiscal mencionó que los sobornos variaban según la gravedad de la infracción. Por ejemplo, anular una multa M1 costaba S/ 800, mientras que reducir una M2 a una P9 costaba S/ 300.
Evidencias digitales:
Además de los mensajes de WhatsApp, la Fiscalía presentó grabaciones de audio y video donde se captó a los implicados negociando. En una de ellas, Mario Flores Condemayta le dice a un conductor: «Si me das S/ 400, hablo con el jefe y tu multa desaparece».
El fiscal subrayó que estas pruebas son irrefutables y demuestran la coordinación entre funcionarios municipales, policiales y particulares para beneficiar a conductores infractores.
Delitos:
Los implicados enfrentan cargos por cohecho pasivo propio, cohecho activo genérico, tráfico de influencias y organización criminal. El fiscal precisó que estos delitos están tipificados en los artículos 393, 397 y 400 del Código Penal.
Además, se investiga falsedad ideológica en documentos públicos, como las actas de control falsas que justificaban la liberación de vehículos sin el pago de las multas correspondientes.
Reacciones:
Los abogados defensores, como Rufo León Calda y Luis Alberto González Monzón, solicitaron más tiempo para revisar las pruebas. Sin embargo, el juez declaró instalada la audiencia y advirtió que el proceso continuará con celeridad.
El fiscal insistió en que la gravedad de los hechos exige una sanción ejemplar. «No podemos permitir que la corrupción siga socavando la confianza en nuestras instituciones», declaró Sirena.
Contexto:
La corrupción en el sistema de tránsito de Puno no es un caso aislado. En 2024, la Fiscalía de Prevención del Delito ya había alertado sobre irregularidades en la emisión de multas. Sin embargo, esta es la primera vez que se desarticula una red criminal con esta magnitud.
El caso ha generado indignación en la población, que exige justicia para las víctimas de accidentes causados por conductores ebrios cuyas licencias deberían haber sido canceladas.
