Una ordenanza del año 2004, perifoneo y sensibilización casa por casa son las únicas herramientas que la Municipalidad Provincial de San Román tiene frente a la crisis de sobrepoblación canina en Juliaca, donde jaurías en urbanización La Rinconada y Cerro Colorado representan un riesgo creciente para los vecinos.
Mery Mamani Adco, responsable del área de Zoonosis, Vigilancia y Control Sanitario, confirmó que el municipio recién está tomando acciones tras la visibilización del problema en medios de comunicación, programando perifoneo en zonas focalizadas y visitas casa por casa para promover la tenencia responsable de mascotas, con énfasis en el control de hembras en etapa de celo, principal detonante de la formación de jaurías urbanas.
Mamani Adco citó una Ordenanza Municipal del 2004 como marco legal para sancionar a propietarios que improvisen viviendas para canes fuera de sus domicilios, aunque no explicó por qué, pese a que esta situación se observa con frecuencia en la ciudad, el municipio no ha aplicado las sanciones correspondientes durante todos estos años de vigencia de la norma.
Sobre infraestructura de la perrera municipal, la responsable informó que existe un ambiente construido entre 2022 y 2023 en la salida a Cusco, en el sector Casuarinas, destinada al recojo temporal de canes, y que su funcionamiento efectivo se prevé a más tardar para la quincena de junio, condicionado a la aprobación del presupuesto que esperan confirmar entre el viernes y el lunes próximos.
Las campañas de esterilización fueron reconocidas por la propia funcionaria como una herramienta que ayuda a concientizar a la ciudadanía, pero aclaró que hasta la fecha solo se esperan proyectos de mayor escala para frenar el crecimiento desmedido de la población canina, sin precisar plazos ni montos concretos de inversión.
El panorama que describe Mamani Adco evidencia una gestión sin planificación estructural frente a un problema que crece hace décadas en Juliaca, ciudad donde la coordinación con el Ministerio de Salud recién se anuncia y las sanciones municipales permanecen en el papel, dejando a los vecinos expuestos a los riesgos de una crisis sanitaria sin solución inmediata a la vista.
