La comunidad de Untuca, provincia de Sandia, presentó ante la Autoridad Nacional de Control una queja formal contra el fiscal Aníbal Surco Corimaya, acusándolo de parcializarse con mineros ilegales y desestimar pruebas registrales que acreditan la propiedad comunal en predios.
El presidente de la delegación comunal explicó que la Autoridad Nacional de Control los atendió objetivamente, les explicó el procedimiento a seguir y, de encontrarse indicios suficientes, dispondrá el inicio de una investigación por inconducta funcional contra el fiscal señalado.
El dirigente declaró: «Hemos dado los alcances correspondientes de nuestras quejas, nos han entendido, hemos llegado a un diálogo correcto, y de ser el caso van a disponer el inicio de una investigación por inconducta funcional.»
Pruebas y conductas cuestionadas al fiscal
El hecho más grave documentado en video es que el fiscal arrojó un grupo electrógeno hacia un barranco durante una diligencia; además adelantó opinión en contra de los comuneros, cuando su rol debió ser estrictamente objetivo e imparcial según la normativa del Ministerio Público.
La Fiscalía Superior, instancia que debería supervisar al fiscal Surco, también es señalada por los comuneros de haberlo blindado, lo que llevó a la comunidad a escalar la denuncia directamente ante el órgano nacional de control.
Próximos pasos legales y advertencia comunal
La Autoridad Nacional de Control no tiene facultades para apartar al fiscal, pero si se abre investigación preliminar, los comuneros solicitarán formalmente su exclusión ante la Fiscalía Superior, presentando toda la documentación requerida también al Ministerio Público de Sandia.
El dirigente fue claro: «De ser el caso y comprobarse que no ha existido buena motivación, nosotros vamos a tomar las acciones correspondientes y acudir a las instancias que también correspondan.»
Los comuneros advirtieron que esta fue una marcha de sacrificio preventiva y pacífica; si las autoridades no actúan, la próxima movilización no será en los mismos términos, dejando una advertencia directa a las instituciones de justicia de Puno.
