El gobierno actual carece de una hoja de ruta clara, según afirmó el abogado y exprocurador ad hoc para el caso Fujimori-Montesinos, Antonio Maldonado Paredes, al referirse al pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo, que incluye más de 60 propuestas agrupadas en seis bloques ambiguos.
En entrevista con Razón Libre, de Pachamama Radio, Maldonado señaló que la solicitud, en lugar de plantear planes concretos de gobierno, se basa en generalidades jurídicas, sin materia específica ni plazo determinado, lo que incumpliría el artículo 104 de la Constitución.
«Estas generalidades están dirigidas a ocultar un paquete de privilegios», afirmó el abogado, quien denunció además falta de equidad tributaria en la propuesta oficial.
Privilegios corporativos y elusión fiscal impune
Según el abogado, el Ejecutivo otorgó privilegios tributarios a una corporación multinacional apenas iniciada la actual gestión, mientras ignora la elusión fiscal de figuras poderosas cercanas al gobierno.
De acuerdo con Maldonado, un socio de la mandataria, el excandidato presidencial, Rafael López, mantendría deudas impagas ante la SUNAT, lo que evidenciaría un trato desigual que beneficiaría a intereses particulares por encima de los contribuyentes comunes.
El abogado señaló también que académicos como Thomas Piketty impulsan reformas globales contra la elusión tributaria de las multinacionales, un contexto que, a su juicio, contrastaría con los beneficios otorgados por el gobierno peruano.
Diagnóstico erróneo habilita autoritarismo fallido
Maldonado rechazó categóricamente la equiparación conceptual entre crimen organizado y terrorismo, fenómenos con bienes jurídicos protegidos totalmente distintos según los tratados internacionales vigentes.
«Confundir el terrorismo con la delincuencia impide un diagnóstico correcto», advirtió, y citó como ejemplo el fracaso de la legislación antiterrorista del gobierno de Alberto Fujimori.
A juicio del abogado, el ascenso de estas corrientes de derecha respondería al fracaso ético de gobiernos previos y a la influencia externa, por lo que la dignidad política sería la única vía para frenar modelos antidemocráticos.
