Las comunidades aimaras del distrito de Kelluyo, provincia de Chucuito, han dicho basta. Ante la reactivación de concesiones mineras en cuencas transfronterizas compartidas entre Perú y Bolivia, han presentado una demanda legal para defender su territorio y exigir que se respeten sus derechos. Las concesiones, otorgadas durante el gobierno de Dina Boluarte, abarcan áreas vitales para estas comunidades y han generado gran preocupación entre los habitantes.
La minería avanza sin freno en las cuencas transfronterizas de Callaccame, Pusuma y Mauri Chico. Siete concesiones mineras, otorgadas a la empresa Nueva Energía Metales S.A.C., se extienden peligrosamente cerca de la frontera con Bolivia. Estas tierras, que incluyen viviendas, zonas agrícolas y ganaderas, y hasta la plaza principal del distrito de Kelluyo, son esenciales para la subsistencia de las comunidades afectadas.
El pasado 23 de octubre, las comunidades de Alto Aracachi Quelluyo, y Chacocollo y su anexo Isca Chacocollo presentaron una demanda de amparo ante el Juzgado Mixto de Desaguadero. Denuncian que estas concesiones vulneran derechos fundamentales como la consulta previa y la autodeterminación, reconocidos por la Constitución peruana y convenios internacionales como el 169 de la OIT.
Según Daniel Limache Illacutipa, presidente de la comunidad de Alto Aracachi Quelluyo, las actividades mineras en el futuro podrían contaminar el agua y las tierras. “Estas actividades traen problemas sociales y ambientales. La minería ha demostrado generar conflictos en otras regiones del país, y tememos que aquí suceda lo mismo”, expresó en un testimonio.
Rubén Primitivo Llave Gómez, presidente de la comunidad de Chacocollo y su anexo, recordó los conflictos vividos en 2011 durante la resistencia contra el proyecto Santa Ana. “El Estado nunca estuvo presente en nuestras comunidades. Solo aparece para dar concesiones que ignoran nuestra decisión y nuestro futuro”, señaló.
La demanda presentada busca anular las concesiones mineras otorgadas y exige que el Viceministerio de Interculturalidad realice una consulta previa adecuada. Este proceso es fundamental para garantizar que las comunidades puedan decidir sobre el uso de sus tierras, respetando sus tradiciones y vínculos espirituales con la naturaleza.
Si el fallo resulta favorable para las comunidades, podría marcar un antes y un después en la defensa de los derechos indígenas en el Perú. Este caso podría sentar un precedente nacional, exigiendo al Estado y a las empresas que respeten la consulta previa y la autonomía de los pueblos originarios.
