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Patricia Benavides pidió reprogramar al Congreso su citación para investigarla por supuesto tráfico de influencias, generando malestar y desprestigio en la fiscalía

En los chats del asesor de Benavides, Jaime Villanueva, se coordina apoyo con Chirinos e incluso menciona que ella tiene respaldo del Bloque Magisterial para lograr votos que inhabiliten a Ávalos. Chirinos también impulsa activamente la destitución de miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que nombra jueces y fiscales, en una estrategia para concentrar más poder en manos de Benavides. La congresista Patricia Chirinos de Avanza País ha desempeñado un rol protagónico en los intentos de desestabilizar a la anterior fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Presentó una denuncia constitucional contra ella argumentando que protegía a Pedro Castillo al archivar investigaciones durante su mandato. Esto a pesar de que la Constitución prohíbe acusar a un presidente en ejercicio. La legisladora Gladys Echaíz de Renovación Popular se sumó a la denuncia de Chirinos, aun cuando como fiscal de la Nación archivó una acusación similar contra Alan García amparándose en su inmunidad presidencial. Echaíz se reunió en varias ocasiones con Villanueva y el equipo técnico de Benavides antes de anunciar su respaldo a la inhabilitación de Ávalos. Lady Camones de APP preside la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que aprobó el informe para sancionar a la exfiscal de la Nación. Previamente Camones sostuvo un encuentro con los asesores de Benavides, generando sospechas sobre una coordinación previa. Su voto fue determinante al presidir este grupo clave. Entre otros nombres mencionados con vínculos a la red está el fujimorista César Revilla, quien habría coordinado reuniones de Villanueva con legisladores de Somos Perú y los hermanos María y Gustavo Cordero. También los acciopopulistas Luis Aragón, Edwin Martínez e Ilich López, quienes respaldaron la inhabilitación de Ávalos. Así, diversas congresistas de distintas bancadas habrían participado en negociaciones y votaciones cuestionables, en una madeja de intereses políticos y jurídicos para copar el sistema de justicia que ahora es investigada. Villanueva enlistó en 3 grupos a 42 congresistas que tenían casos abiertos en Fiscalía, a quienes presionarían para que voten por la sanción a Ávalos.