El Defensor del Pueblo de Bolivia presentó acciones judiciales contra tres ministros del gobierno y tres gobernadores por no haber tomado medidas preventivas contra los incendios forestales que afectan al país. La acción judicial se presentó el miércoles y acusa a los funcionarios de irresponsabilidad en la gestión de los incendios.
El gobierno, bajo la presión de varios sectores, aprobó un decreto que declara una pausa ambiental, prohibiendo las quemas provocadas. El presidente Luis Arce anunció que trasladará a su gabinete a Santa Cruz, la región más afectada, para coordinar acciones urgentes.
Pedro Callisaya, Defensor del Pueblo, declaró: “Se está quemando nuestra casa por la irresponsabilidad de aquellos que debieron adoptar las medidas preventivas necesarias”. La acción popular se presentó ante un Tribunal de Justicia en La Paz contra los ministros de Medio Ambiente, Salud y Desarrollo Rural, y los gobernadores de Santa Cruz, Beni y Pando.
El sábado, el gobierno declaró la emergencia nacional y sanitaria debido al denso humo que ha llegado incluso a La Paz. Los incendios han afectado casi cuatro millones de hectáreas, de las cuales un 40 % corresponde a áreas de bosque y un 60 % a pastizales.
La calidad del aire en varias ciudades es entre mala y extremadamente mala, especialmente en Santa Cruz, la más poblada del país. El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó que se están reacondicionando aviones Hércules militares para combatir el fuego.
Las clases presenciales han sido suspendidas en varias regiones de la Amazonía, continuando la enseñanza por plataformas virtuales. Según el gobierno, el 90 % de los incendios son causados por quemas descontroladas de campesinos y agricultores.
Expertos y autoridades anticipan que, de no controlarse el fuego, se podrían superar las cinco millones de hectáreas consumidas en los incendios de 2019. En varias ciudades crecen las protestas reclamando la derogación de leyes que permiten la quema con fines agrícolas.
