El Órgano de Control Institucional de Azángaro requirió formalmente al alcalde Sixto Condori Vilca entregar, en tres días hábiles, toda la documentación del proceso arbitral y judicial vinculada al proyecto de pistas y veredas de Arapa, bajo responsabilidad funcional.
Mediante el Oficio N°009-2026-OCI/0457-SCE-CRVL-001, fechado el 9 de abril de 2026, la comisión solicitó expedientes completos, íntegros y sin exclusión, en copias fedateadas, incluyendo laudos, resoluciones, actas, peritajes, notificaciones y comprobantes de pago arbitral.
La jefa de comisión, Carmen Rosa Velasquez Laura, señaló que «la información recabada a la fecha resulta parcial e insuficiente» para efectuar una evaluación integral, técnica y cronológica de la actuación de la entidad y sus funcionarios.
Arbitraje millonario y anulación fallida sacuden gestión municipal
El requerimiento se enmarca en el Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad, derivado del Contrato de Ejecución de Obra N°006-2020, correspondiente al proyecto de creación de pistas y veredas en la localidad de Arapa, distrito de Azángaro.
La Decisión Arbitral N°11-2024 y el proceso de anulación tramitado en el Expediente N°00108-2024, en la Sala Civil de Puno, generaron actuaciones cuya documentación, según el OCI, fue obtenida solo parcialmente hasta la fecha de la comunicación.
El oficio exige además que el alcalde informe sobre medidas administrativas, legales y correctivas adoptadas frente al laudo, la desestimación del recurso de anulación y el consentimiento de la Sentencia N°23-2025 mediante Resolución N°10.
Cumplimiento del laudo y riesgo penal marcan la urgencia del control
El OCI solicitó también información sobre el estado actual de cumplimiento económico y contractual del Laudo N°11-2024, precisando si la municipalidad efectuó pagos, reconoció obligaciones o inició acciones de recuperación o deslinde de responsabilidades.
La comisión advirtió que la no remisión, entrega incompleta o extemporánea podría configurar el delito tipificado en el artículo 377 del Código Penal, referido a omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales por parte de servidores públicos.
La Contraloría sustenta su atribución en normativa que le faculta acceder, «en cualquier momento y sin limitación», a registros y documentos de entidades públicas, incluso cuando sean de carácter reservado o secreto, según la referencia citada en el oficio.
