La Fiscalía anticorrupción reveló la presunta existencia de una red criminal cobró más de medio millón de soles en sobornos dentro de la Gerencia de Transportes de San Román. El Ministerio Público halló 190 casos concretos de anulaciones fraudulentas entre 2024 y 2025 en Juliaca, aunque el monto real podría alcanzar cifras millonarias según las investigaciones.
La organización desaparecía papeletas y archivaba expedientes a cambio de dinero. Nueve viviendas en San Miguel, Juliaca y Moho fueron allanadas junto con tres oficinas municipales. Diez personas enfrentan cargos por integrar la presunta estructura criminal dedicada a favorecer a conductores infractores.
Organización
La estructura tuvo cinco funcionarios de alto rango como puntos nodales. Hardy Quispe Lipa, gerente de Transportes, impartía las instrucciones para captar a los infractores y coordinar las anulaciones. Edwerson Pacori Paricahua, subgerente de Circulación, negociaba directamente los montos con los conductores sancionados.
El tercer mando lo ocupaba Yony Apaza Justo, subgerente de Vehículos Menores. Alberth Aguirre Carbajal completaba la cúpula como jefe de Liberaciones, autorizando la devolución fraudulenta de vehículos internados en el depósito municipal sin que los infractores pagaran las multas.
Los tres funcionarios administrativos ejecutaban las órdenes ilegales. Eber Portada Mamani omitía la verificación de pagos y eliminaba papeletas del sistema. Victoria Onofre Meza trasladaba expedientes fuera de la oficina. Jhordan Tintaya Luchini actuaba como captador en el terminal terrestre.
Dos abogados externos completaban el esquema delictivo. Alex Apaza Mamani y Alex Álvarez Condori aprovechaban su cercanía con los funcionarios para tramitar las anulaciones. La resolución judicial detalla que la organización operó de forma ininterrumpida desde enero de 2024.
Casos
Uno de los hechos más graves involucra a Óscar Medina Pacori, intervenido con 1.76 g/l de alcohol tras causar un accidente. La ley exigía la cancelación definitiva de su licencia. Su registro en el MTC permaneció “vigente” después de pagar una coima a los funcionarios municipales.
Jeampier Chambi Maldonado provocó un choque con 1.37 g/l de alcohol sin poseer licencia. La municipalidad jamás registró su papeleta en el sistema nacional de sanciones. El conductor ofreció una “promesa indebida” y el expediente desapareció por completo de los archivos oficiales.
La fiscalía documentó 35 infracciones tipo M1 que exigían inhabilitación definitiva. En todos los casos las licencias figuraban como vigentes. Otras 150 papeletas tipo M2 también fueron anuladas. Los cobros oscilaron entre S/500 y S/5,000 según la gravedad y la urgencia.
Pruebas
Las técnicas especiales de investigación resultaron determinantes. Un audio grabó al subgerente Pacori declarando: “Yo no ayudo, yo cobro” mientras negociaba S/3,000 por anular una sanción. La frase evidenció la lógica criminal enquistada en la entidad edil.
Un agente encubierto registró otra negociación donde el mismo funcionario solicitó S/1,500 para omitir una infracción. El cruce de información entre los oficios de la PNP y el sistema del MTC confirmó que las sanciones jamás se ejecutaron pese a estar documentadas.
Los delitos imputados abarcan organización criminal, cohecho pasivo propio y tráfico de influencias. La DIVCOCOR incautó computadoras, celulares y agendas con registros de cobros durante los nueve allanamientos ejecutados el 30 de abril de 2026 en las tres ciudades investigadas.
El Ministerio Público sostiene que los 190 casos representan solo una fracción del total. La proyección estimada de medio millón de soles podría multiplicarse conforme avance el análisis de los dispositivos y documentos incautados durante el operativo simultáneo en San Miguel, Juliaca y Moho.
