Los 13 regidores de la Municipalidad Provincial de San Román (Juliaca, Puno) ejecutaron solamente S/ 172.00 de los S/ 168,589.00 asignados para fiscalizar, según un informe de la Contraloría General de la República. El monto girado representa el 0.10 % del presupuesto para ese rubro. El período evaluado abarca del 1 de enero al 12 de octubre de 2026.
Los datos del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, al 12 de octubre de 2026, muestran S/ 172.00 devengados y girados en la actividad 50012228, de seguimiento de fiscalización de consejos regionales y concejos municipales. El Presupuesto Institucional Modificado para ese rubro asciende a S/ 168,589.00. El monto ejecutado equivale a una décima parte de uno por ciento.
Al corte del 12 de octubre de 2026, quedaron sin ejecutar S/ 168,417.00, el 99.90 % del presupuesto para fiscalización, según la diferencia entre el PIM y lo girado. Esa cifra contrasta con la magnitud de los recursos disponibles para la labor del concejo. El período evaluado va del 1 de enero a esa fecha.
Ese monto ejecutado coincide con la omisión de los regidores: no registraron su Programa de Acciones de Fiscalización 2026 en el aplicativo informático oficial BASE. La sección PAF – Acuerdo no arrojó registros al 12 de octubre de 2026. Sin ese registro, no existe constancia oficial de las actividades de fiscalización en que se utilizaron o utilizarán los fondos.
La Contraloría señaló que la omisión “pone en riesgo la transparencia en el uso y destino de los recursos asignados”. El hecho constituye una situación adversa administrativa por incumplir la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley N.° 31812 y la Directiva N.° 002-2026-CG/PREV. El Informe de Orientación de Oficio no tipifica delitos.
Para subsanar la situación, la Contraloría otorgó al alcalde provincial Oscar Wyllams Caceres Rodriguez un plazo máximo de cinco días hábiles desde la notificación del oficio. El alcalde deberá comunicar al Órgano de Control Institucional las acciones preventivas o correctivas adoptadas. El caso permanece bajo seguimiento del órgano de control.
