Puno se ubicó como la región con peor desempeño laboral del país, al ocupar el último puesto del pilar Laboral en el Índice de Competitividad Regional (INCORE) 2026, elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), con apenas 19.2% de formalidad laboral.
La cifra representa menos de la mitad del promedio nacional, que llega a 35.6%, y ubica a la región muy por debajo de vecinas como Arequipa (40.2%), Tacna (30.8% en 2025) y Cusco (31.1%), que sí lograron avances en la generación de empleo formal.
Según el informe, en Huancavelica y Puno la Remuneración Mínima Vital (RMV) equivale al 78% y 71% del ingreso laboral promedio, respectivamente, encareciendo la contratación formal en momentos que la informalidad ya supera el 80% en ambas regiones.
El contraste con la reactivación nacional
El retroceso ocurre en un contexto donde la inversión privada del país creció 10% en 2025 y continuó a doble dígito durante la primera mitad de 2026, lo que el IPE describe como una oportunidad para reducir la pobreza que otras regiones sí están aprovechando.
Puno sí mostró una mejora relativa: ascendió del puesto 24 al 16 en el pilar Laboral respecto a 2025, tras reducir su brecha de género en ingresos laborales de 35.5% a 22.2% y liderar el indicador de brecha de género en participación laboral (4.8 puntos porcentuales).
Sin embargo, la región se mantuvo última en formalidad, mientras Moquegua, líder del pilar, alcanzó 46.8% de trabajadores formales y el mayor ingreso por hora del país (S/ 15.8), casi el doble que el promedio puneño de S/ 9.3.
Una brecha que se suma a otras carencias
El propio informe advierte que Puno se mantiene entre las regiones con mayores rezagos estructurales del país, junto con Cajamarca y Huánuco, con brechas persistentes que se concentran especialmente en los pilares de Laboral, Educación y Salud.
En Salud, Puno registra la mayor tasa de anemia infantil del Perú, con 56.1% en niños de 6 a 35 meses, muy por encima del promedio nacional de 34.9%, lo que evidencia que las carencias laborales conviven con otras brechas sociales sin resolver.
El IPE plantea que los nuevos gobiernos regionales y locales, elegidos en las elecciones de 2026, deberán priorizar la reducción de la Remuneración Mínima Vital frente al ingreso promedio y fortalecer la formalización laboral como condición para cerrar brechas históricas en la región.
