El Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior reportó 52 homicidios en Puno entre enero y agosto de 2026. La cifra contrasta con los 40 casos que registró el Sistema Informático Nacional de Defunciones en nueve meses. La discrepancia entre ambas fuentes oficiales genera dudas sobre el conteo real de víctimas en la región altiplánica.
Esta falta de consenso estadístico dificulta el diseño de políticas efectivas contra el crimen organizado. Los organismos estatales no logran unificar sus metodologías de conteo. La situación complica el diagnóstico real de la inseguridad que enfrenta la población. Las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre estas diferencias institucionales.
Siete de estos casos ocurrieron entre el 28 de julio y septiembre tras la toma de mando del nuevo gobierno de Keiko Fujimori. Este periodo evidencia el recrudecimiento de la violencia en territorio puneño. Desde el Ejecutivo poco o nada se ha trabajado en la lucha contra la criminalidad. El gobierno fujimorista mantiene compromisos pendientes en materia de seguridad.
El Instituto Nacional de Estadística e Informática documentó una tendencia preocupante en los últimos años. En 2022 se contabilizaron 104 homicidios, en 2023 la cifra bajó a 98, y en 2024 escaló a 139 casos. Estos datos configuran un patrón irregular de violencia que las autoridades no logran controlar. La región acumula un aumento sostenido de asesinatos.
El año 2025 presentó otra vez cifras contradictorias entre instituciones del Estado. El Ministerio del Interior registró 76 homicidios en toda la región, mientras el Observatorio del Crimen y Violencia documentó 90 asesinatos. Juliaca concentró 26 de estos casos, muchos vinculados a la minería ilegal, el sicariato y la extorsión. La ciudad se consolidó como epicentro de la violencia delictiva.
Las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal operan con relativa impunidad en la zona. El sicariato se convirtió en método recurrente para resolver conflictos económicos entre bandas rivales. Estas disputan territorio y recursos en la provincia de San Román. Los homicidios asociados a hechos delictivos oscilan entre ocho y 12 casos mensuales.
El Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad confirma esta variación según el año analizado. La falta de consenso estadístico complica el diagnóstico real de la inseguridad. La desconfianza de la población en la Policía Nacional también reduce el reporte de denuncias. Miles de familias enfrentan el problema delictivo sin acudir a las autoridades.
El Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana registró 9,137 denuncias por delitos priorizados entre enero y agosto de 2026. Esta cifra revela la magnitud del problema delictivo en la región. Los hurtos representan la categoría más numerosa de infracciones reportadas. Las autoridades competentes recibieron las denuncias en comisarías básicas y especializadas.
Se documentaron 1,594 casos de hurto y 382 casos de robo en el periodo mencionado. La estafa y extorsión sumaron 283 denuncias, mientras el asalto y robo de vehículos alcanzó 42 casos. Los secuestros también preocupan a la ciudadanía, con 26 casos registrados en ocho meses. Estas cifras evidencian la diversificación de las modalidades delictivas.
La violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar lideró las denuncias con 2,556 casos. Le siguieron los hurtos con 1,594 registros y las lesiones con 946 casos documentados. El peligro común generó 771 denuncias adicionales. Las faltas contra las personas sumaron 534 casos en territorio puneño.
La victimización delictiva afectó al 31.7% de la población puneña entre 2014 y 2025. Este porcentaje refleja que una tercera parte de los habitantes sufrió algún delito directamente. La cifra posiciona a Puno entre las regiones con mayor exposición a hechos delictivos del país. Las encuestas oficiales sustentan estos resultados estadísticos.
El temor ciudadano alcanzó niveles extremos según encuestas oficiales del año 2025. El 79.2% de los puneños manifestó sentir inseguridad al caminar solo durante la noche. Esta percepción supera ampliamente el promedio nacional. La escalada delictiva en la región altiplánica explica este resultado.
La confianza en la Policía Nacional del Perú se desplomó a niveles críticos en Puno. Mientras el promedio nacional alcanzó 13.4% de confianza ciudadana, la región registró apenas 3.9%. Este dato evidencia una brecha institucional grave entre la población y sus fuerzas de seguridad. La desconfianza afecta la colaboración ciudadana con las investigaciones.
Puno cuenta con 180 policías por cada 100,000 habitantes, según registros oficiales de 2026. El total de efectivos asciende a 2,139 policías distribuidos en comisarías básicas y especializadas. La proporción resulta insuficiente frente a la extensión territorial. La magnitud de los delitos reportados supera la capacidad operativa instalada.
La composición de personal muestra una marcada disparidad de género en las filas policiales. Los efectivos femeninos suman 255 policías, mientras los masculinos alcanzan 1,884 oficiales en toda la región. Los suboficiales representan la mayoría con 2,091 efectivos. Apenas 48 oficiales de mando dirigen las unidades policiales.
El parque vehicular policial en Puno cuenta con 146 unidades operativas entre enero y agosto de 2026. Se distribuyen 94 camionetas y 49 motocicletas entre comisarías básicas y especializadas. Esta flota resulta limitada para cubrir la vasta geografía regional. La respuesta ante emergencias delictivas enfrenta demoras constantes.
La escasez de vehículos policiales impacta directamente en los tiempos de respuesta ante denuncias ciudadanas. Zonas rurales y alejadas de las capitales provinciales enfrentan mayor vulnerabilidad ante la delincuencia organizada. Las motocicletas resultan insuficientes para patrullar terrenos accidentados. La geografía altiplánica puneña exige unidades especializadas de mayor capacidad.
Puno dispone de 61 comisarías básicas y cuatro comisarías especializadas según el registro oficial de 2025. Sin embargo, solo 11 de estas instalaciones cuentan con infraestructura adecuada para operar. Este déficit estructural limita la capacidad operativa de las fuerzas del orden. La atención de denuncias enfrenta carencias de servicios básicos.
De las 22 comisarías especializadas existentes, apenas una fracción mínima ofrece servicios básicos completos a la ciudadanía. Esta carencia de infraestructura adecuada compromete la atención oportuna de denuncias. La investigación criminal también resulta afectada por estas limitaciones. Los recursos institucionales no cubren las necesidades operativas reales.
La combinación de escasos efectivos, vehículos insuficientes e infraestructura deficiente configura un escenario crítico. Puno enfrenta una crisis de seguridad ciudadana que requiere inversión estatal urgente y coordinada. Las autoridades deben priorizar recursos para revertir la desconfianza institucional. La reducción de los índices delictivos regionales exige una estrategia integral sostenida.
