Las reformas legales que otorgan preferencia al fuero militar sobre la justicia ordinaria representan una grave regresión en materia de derechos humanos, al afectar la independencia judicial y los principios constitucionales que protegen a toda la ciudadanía peruana, afirmó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, Jennie Dador.
En entrevista con Razón Libre de Pachamama Radio, explicó que la norma aprobada en segunda votación obliga a las Cortes Superiores a derivar, de manera preferente, los casos al fuero militar. Según indicó, esta disposición limita la capacidad de los jueces para evaluar cada proceso de forma independiente y convierte a los despachos judiciales en simples instancias administrativas.
Dador señaló que ordenar a un juez cómo debe resolver un caso constituye una injerencia directa en la función jurisdiccional. Advirtió que esta medida vulnera la independencia judicial, uno de los principios fundamentales del Estado de derecho.
Crisis institucional y complicidad del Tribunal Constitucional
Asimismo, cuestionó el papel del Tribunal Constitucional al considerar que ha dejado de cumplir su función de control. Sostuvo que, en los últimos años, ha emitido decisiones contrarias a la Constitución y a los derechos humanos, en un contexto de debilitamiento de las instituciones democráticas.
La representante de Amnistía Internacional alertó que las principales afectadas serían las víctimas de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía. Indicó que sus casos podrían pasar a la jurisdicción militar, un fuero que, según dijo, no responde a los estándares del sistema interamericano de derechos humanos y favorece la impunidad.
Ante esta situación, Amnistía Internacional, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y las parlamentarias Ruth Luque, Indira Huilca y Mirtha Vásquez solicitaron públicamente que el presidente José María Balcázar, observe la norma. Además, expresaron su compromiso de promover su revisión y modificación en el próximo Parlamento.
Resistencia ciudadana frente a la normalización autoritaria
Dador sostuvo que este escenario también se enmarca en un contexto internacional marcado por el avance de discursos autoritarios que justifican la violencia estatal y debilitan las garantías del debido proceso. Advirtió que estas tendencias terminan influyendo en reformas legales de distintos países, incluido el Perú.
Recordó que el principio de no regresividad en derechos humanos impide que las nuevas leyes reduzcan o eliminen derechos ya reconocidos. Por ello, hizo un llamado a defender el orden constitucional y las garantías fundamentales frente a cualquier iniciativa que limite la protección de la ciudadanía.
Exhortó a la población de Puno y del resto del país a mantenerse vigilante y exigir a sus representantes acciones para frenar estas reformas. Señaló que la participación ciudadana, mediante el diálogo, la incidencia y la información en comunidades y barrios, es clave para fortalecer la democracia y proteger los derechos humanos.
