Apple ha dado un paso significativo en el campo de la Inteligencia Artificial (IA) al anunciar su alianza con OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, e introducir Apple Intelligence en sus dispositivos. Esta decisión no solo representa un hito tecnológico, sino que también plantea importantes consideraciones jurídicas.
En un evento celebrado en Estados Unidos, la compañía de la manzana mordida presentó su nuevo sistema operativo, que incorporará la IA de forma integral. Uno de los aspectos clave de esta novedad es la mejora de la asistente virtual Siri, que contará con conversaciones más naturales y capacidades ampliadas gracias a la IA.
Por ejemplo, Siri podrá recordar contextos y nombres propios, facilitando tareas como realizar llamadas o enviar mensajes personalizados. Además, Apple Intelligence promete revolucionar la experiencia del usuario con funciones como el resumen automático de textos largos y la creación de animaciones personalizadas basadas en descripciones.
El reconocimiento facial y de voz mejorado es otra de las características destacadas, abriendo nuevas posibilidades en cuanto a la interacción entre humanos y máquinas. Sin embargo, la privacidad ha sido una preocupación central en el desarrollo de Apple Intelligence.
La empresa ha enfatizado que la privacidad de los usuarios estará resguardada, aunque no se han detallado los mecanismos específicos para lograrlo. Este aspecto será crucial en el marco legal, ya que existen regulaciones estrictas en materia de protección de datos personales.
Otro punto a considerar es la alianza con OpenAI, que ha generado críticas por parte de Elon Musk, quien calificó esta asociación como una “violación inaceptable de la seguridad”. Musk argumentó que Apple no debería confiar en una empresa externa para desarrollar su propia IA.
Esta polémica pone de relieve los desafíos legales que enfrentan las empresas tecnológicas en torno a la propiedad intelectual, los acuerdos de colaboración y la responsabilidad por el uso de la IA. Será necesario un marco regulatorio sólido que proteja los derechos de todas las partes involucradas.