El Colegio de Arquitectos del Perú Zonal Juliaca presentó 60 páginas de observaciones al PDU 2025-2035 de San Román. El decano encargado, arquitecto Juan Carlos Cáceres Olazo Jara, exige corregir las falencias antes de la aprobación definitiva del instrumento.
El Ministerio de Vivienda no participa en el proceso, pese a que la norma lo exige. La arquitecta Yena Yesenia Neira Mendoza precisó que el Decreto Supremo 012 del 2022 obliga al Instituto Metropolitano a notificar al ministerio al inicio del plan.
El gremio coordinó una reunión con el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad de San Román para subsanar esa omisión. Sin embargo, la municipalidad suspendió esa cita sin reprogramarla, mientras los plazos del convenio de S/800 mil continúan avanzando.
En el diseño vial, la propuesta reduce la segunda circunvalación a solo 12 metros en el tramo noroeste. El anterior PDU reservaba 45 metros de ancho para esa misma vía, una reserva que vecinos y familias ya respetaban con acuerdos entre colindantes.
Esa reducción tampoco considera las habilitaciones urbanas aprobadas en la zona noroeste. El colegio alerta que la propuesta afecta la operatividad del aeropuerto de Juliaca y contradice los procesos de adquisición que el Ministerio de Transportes ya ejecuta en esa área.
El plan impone áreas mínimas que chocan con la realidad urbana. En zonas con lotes de 90 a 170 metros cuadrados, la propuesta exige 300 metros cuadrados mínimos para uso comercial, lo que impediría el saneamiento de esos predios en el futuro.
Los residentes del jirón Tarapacá y La Rinconada quedan condicionados a demostrar mitigación de riesgos para sanear sus lotes. Paradójicamente, la municipalidad ejecuta obras viales en esa zona sin declarar riesgo, contradicción que figura entre los 36 artículos observados por el colegio.
El plan tampoco identifica la zona industrial de Juliaca, un sector con alta dinámica comercial. El gremio recuerda que este PDU regirá por 10 años el desarrollo urbano de la provincia, por lo que sus falencias técnicas tendrán consecuencias duraderas.
Por ello, el colegio exige que las autoridades atiendan las observaciones remitidas por mesa de partes. El gremio demanda la incorporación efectiva del Ministerio de Vivienda antes de que venza el contrato con el Instituto Metropolitano.
