La Fiscalía investiga a policías de Desaguadero en la provincia de Chucuito por la presunta retención de 3 000 bolivianos a un ciudadano de Bolivia, tras una intervención registrada la semana pasada, que comenzó con un control de identidad en la zona fronteriza, según la denuncia presentada.
El coordinador del módulo defensorial de Desaguadero, Rody Henry Gómez Chambi, informó que el ciudadano acudió la semana pasada a la oficina para relatar la intervención policial que según su versión inició con un control rutinario de identidad.
El coordinador señaló sobre la denuncia, que el caso es preocupante y agregó que existen referencias previas sobre presuntos cobros irregulares y abusos, contra ciudadanos bolivianos y migrantes que transitan por la frontera, entre Perú y Bolivia.
Diligencias, versión oficial y reacción ciudadana
Los agentes hallaron aproximadamente dinero en la mochila del ciudadano y su hijo, le exigieron dejar parte y tras ofrecer 500 bolivianos retuvieron finalmente 3.000 bolivianos, según el relato recogido por la Defensoría, en un puesto policial de Desaguadero.
El denunciante narró que intentó grabar la intervención con su teléfono celular, pero uno de los efectivos se lo quitó, buscó el registro de video y eliminó la grabación, una acción que podría afectar las pruebas del caso, en la comisaría de Desaguadero.
La Defensoría del Pueblo acompañó al ciudadano hasta la fiscalía de Zepita, donde presentó su denuncia formal, y trasladó el caso a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios de Puno, para su investigación correspondiente, conforme a sus competencias legales.
Antecedentes, impacto regional y próximos pasos
La Fiscalía Anticorrupción realizó diligencias en Desaguadero, revisó cámaras de seguridad de la municipalidad y trabaja para identificar a los policías involucrados, debido a que el denunciante mencionó inicialmente a dos efectivos, presuntamente responsables del cobro irregular, ocurrido en la frontera con Bolivia.
Gómez Chambi explicó que la Defensoría no sanciona, ni conduce investigaciones penales, su función consiste en proteger derechos, y supervisar la actuación de las entidades públicas de la región, mientras corresponde al Ministerio Público dirigir el proceso.
La Defensoría abrió un expediente, para hacer seguimiento al proceso, ante la Fiscalía y la Inspectoría de la Región Policial, mientras el Ministerio Público deberá establecer si existió abuso de autoridad, cobro indebido o extorsión, u otro delito, en los próximos meses.
Redacción: Rony Cuyo
