Comuneros de la comunidad campesina de San Antón, distrito de Antauta, provincia de Melgar, protestaron en los exteriores del Poder Judicial de Puno para denunciar un presunto intento de despojo de sus terrenos comunales, considerados ricos en estaño. Los pobladores sospechan que integrantes de la comunidad de Queracucho estarían siendo financiados para ocupar estos espacios, conflicto que también vinculan con los intereses económicos relacionados con la actividad minera de la zona.
Uno de los representantes comunales explicó que la controversia se encuentra en un proceso judicial de interdicto de recobrar, iniciado por terceros contra personas naturales, pese a que los terrenos en disputa pertenecerían a la comunidad campesina de San Antón. Cuestionó que el juez mixto de Melgar haya realizado una inspección ocular sin que, según afirmó, se garantizara la participación y defensa de la comunidad como titular de la posesión colectiva.
Asimismo, señaló que la diligencia judicial se realizó la semana pasada y que el proceso estaría próximo a una sentencia. Esta situación genera preocupación entre los comuneros, quienes temen que una decisión judicial termine afectando sus derechos territoriales. Por ello, exigieron que se respete la propiedad comunal y que cualquier actuación sobre estos espacios sea comunicada oportunamente a sus representantes.
Los manifestantes también señalaron a la empresa minera Minsur, que desarrolla actividades de extracción de estaño en la zona desde hace varias décadas. Según la versión de uno de los comuneros, los intereses económicos relacionados con la explotación de este recurso mineral estarían detrás de los conflictos territoriales. Además, cuestionó que las comunidades campesinas no reciban beneficios económicos proporcionales a la riqueza extraída de sus territorios ancestrales.
Durante la protesta, los pobladores exhibieron carteles con mensajes como “Respeto a la propiedad de la comunidad de San Antón” y “Minsur financia a los traficantes de terrenos”, expresando así sus sospechas sobre un presunto financiamiento detrás de la disputa territorial. Estas acusaciones fueron formuladas por los manifestantes y requieren ser esclarecidas por las partes involucradas.
Finalmente, los comuneros solicitaron la intervención de las instancias superiores del Poder Judicial para que se evalúe el procedimiento y se garantice el derecho a la defensa de la comunidad campesina. Advirtieron que el conflicto viene generando incertidumbre y desconfianza entre los pobladores, quienes temen perder terrenos que consideran parte de su patrimonio colectivo.
