El Congreso de la República está evaluando una polémica propuesta para aumentar la edad mínima de jubilación de 65 a 75 años. Esta medida tendría graves repercusiones sociales y jurídicas según advierten especialistas.
Walter Apaza, abogado laboralista, explicó en radio que físicamente muy pocas personas están en condiciones de trabajar hasta los 75 años. Además, forzar a la gente a postergar por 10 años su merecido descanso luego de décadas de trabajo, atenta contra derechos humanos fundamentales.
La medida afectaría duramente a maestros y servidores públicos que actualmente se jubilan a los 65 años. También perjudicaría a aquellos que ya retiraron sus fondos de pensiones para invertirlos o cubrir gastos. Estas personas quedarían desamparadas al no poder acceder a una pensión ni encontrar trabajo a esa edad.
Si bien la expectativa de vida está aumentando en el mundo, no es sensato recortar abruptamente beneficios sociales duramente ganados. Tampoco se valora adecuadamente el aporte de adultos mayores a la sociedad más allá de su capacidad productiva.
Expertos advierten que la medida será declarada inconstitucional por atentar contra derechos fundamentales. El Estado no debe eludir sus obligaciones desamparando a quienes dedicaron su vida al trabajo duro y honesto. Es hora de buscar soluciones más creativas, justas y humanas.
