El coordinador del Módulo Defensorial de San Román, Nivardo Enríquez Barriales, informó que más de 10 dirigentes de la región Puno enfrentan amenazas de organizaciones criminales. En ese entender el funcionario confirmó que la Fiscalía de Derechos Humanos ya investiga el caso del dirigente Ántero Pimentel Esquivias, quien denunció extorsión y amenazas de muerte. La Defensoría del Pueblo cursó oficio a la Subprefectura Provincial para verificar las garantías personales otorgadas al dirigente.
Enríquez Barriales precisó que la Fiscalía de Derechos Humanos programó diligencias con peritos especializados de Lima para el día lunes. La entidad tomó conocimiento del caso a través de los medios de comunicación y actuó de forma inmediata. El funcionario señaló que la Subprefectura confirmó que Pimentel Esquivias presentó dos solicitudes de garantías personales. La documentación será remitida a la Defensoría para su evaluación correspondiente.
El coordinador defensorial explicó que las garantías personales solo son efectivas cuando la Subprefectura pone el caso en conocimiento de la Policía Nacional. La Policía debe elaborar un plan de resguardo para el ciudadano amenazado. Enríquez Barriales indicó que el ciudadano debe personalizarse y dar las facilidades correspondientes a la Policía. Sin esa coordinación, las garantías emitidas no cumplen su función de protección.
Enríquez Barriales reveló que los casos de dirigentes amenazados no son nuevos en la región Puno. Mencionó que existen más de 10 casos registrados en la Fiscalía de Derechos Humanos. Señaló que las intimidaciones también se presentaron en las provincias de Huancané y Tambopata. La Defensoría coordina con las subprefecturas provinciales para otorgar garantías a los dirigentes afectados.
El funcionario recordó que Pimentel Esquivias ya había sufrido amenazas hace uno o dos años en un local de la ciudad de Juliaca. Enríquez Barriales acompañó personalmente al dirigente a presentar la denuncia correspondiente en esa oportunidad. Indicó que algunos dirigentes desconocen los trámites para solicitar garantías personales. La Defensoría les orienta para que puedan apersonarse a la Subprefectura de su provincia.
Enríquez Barriales cuestionó que las garantías personales se limiten a un documento sin respaldo policial. Señaló que las garantías deben ser efectivas y no solo un papel que no protege al amenazado. Explicó que la Policía debe ejecutar el resguardo correspondiente para que el mecanismo funcione. La Defensoría insiste en que las autoridades competentes actúen de forma coordinada.
El coordinador defensorial manifestó preocupación por la denuncia del dirigente y respaldó que haya presentado las denuncias correspondientes. Indicó que la Defensoría del Pueblo pone en conocimiento de la Policía y la Subprefectura cualquier amenaza reportada. Señaló que la Fiscalía de Derechos Humanos tiene conocimiento del caso y avanza con las diligencias. Las autoridades deben garantizar la seguridad de los dirigentes amenazados.
Enríquez Barriales afirmó que la Defensoría continuará coordinando con las subprefecturas de las provincias para atender estos casos. Sostuvo que las amenazas contra dirigentes son un problema que requiere atención inmediata de las autoridades. Pidió a los afectados acudir a la Defensoría del Pueblo para recibir orientación sobre los trámites. La entidad espera la documentación de la Subprefectura para evaluar las acciones siguientes.
