La Defensoría del Pueblo en Puno, liderada por Rocío Apaza, tomó acciones inmediatas tras conocer la grave situación de una familia sumida en la extrema pobreza en la región. Las autoridades se movilizaron con urgencia ante las preocupantes condiciones de salud y la vulnerabilidad de sus miembros. Una reunión de emergencia congregó a diversas instituciones para coordinar la ayuda necesaria para esta familia.
Rocío Apaza informó que la primera prioridad es la salud del padre, un adulto mayor que se encuentra en estado vegetativo y no ha recibido atención médica en cuatro años. La Red de Salud se comprometió a enviar un médico para evaluar su condición. Además, se constató que cuatro de los cinco hermanos que posiblemente presentan alteraciones mentales, aunque aún sin un diagnóstico certero.
El Centro de Salud Mental Comunitario ya realizó una visita preliminar y hoy llegará un psiquiatra especialista para evaluar y brindar tratamiento a los hermanos. Se implementará un plan de acción integral en salud mental con la coordinación de las autoridades y la jueza de paz, respetando las costumbres locales. Este esfuerzo busca atender las necesidades urgentes de salud de esta familia.
El aislamiento de la familia dificulta su acceso a alimentos y otros recursos básicos. Necesitan urgentemente una vivienda digna, aunque la ubicación remota presenta desafíos logísticos. La comunidad está sensibilizada y se están gestionando donaciones de alimentos y un bote para que el hermano mayor pueda seguir trabajando.
Las instituciones involucradas, como la policía, el Ministerio Público, el programa Aurora y la municipalidad, están trabajando en conjunto para abordar las múltiples necesidades de la familia buscando garantizar que se les brinde atención en salud, vivienda y alimentación de manera continua. Sin embargo, la particular situación familiar requiere una evaluación más profunda para entender por qué viven aislados.
Se realizará una reunión de seguimiento el día martes para monitorear que todas las instituciones cumplan con la atención necesaria para esta familia vulnerable. La Defensoría del Pueblo y las autoridades se comprometen a no abandonar el caso hasta que la familia alcance condiciones de vida básicas. La colaboración interinstitucional es fundamental para lograr un impacto real y duradero en esta situación crítica.
