En un recorrido por diferentes calles y avenidas de la ciudad de Puno, la oficina de la Defensoría del Pueblo en esta ciudad pudo constatar la presencia de diversos establecimientos comerciales que ocupan actualmente las veredas con mercadería, impidiendo el tránsito normal de peatones, especialmente de las personas con discapacidad que se movilizan de manera autónoma.
Según se informó, esta situación se presenta con mayor notoriedad en diversos tramos de las avenidas Simón Bolívar y El Sol, así como de los jirones Lampa, Los Incas y Alfonso Ugarte. Asimismo, se pudo evidenciar que en los alrededores del mercado central de la ciudad de Puno Ny que muchas calles carecen de rampas de acceso a las veredas.
Al respecto, el jefe de la sede de la Defensoría del Pueblo en Puno, Jacinto Ticona, explicó que la falta de infraestructura pública que garantice la accesibilidad en el desplazamiento de las personas con discapacidad constituye una transgresión a la Norma Técnica A.120, aprobada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y en la que se establecen las pautas que deben seguirse para asegurar la libre accesibilidad de este sector de la población y de las personas adultas mayores.
En ese sentido, informó que se ha exhortado a la Municipalidad Provincial de Puno a fiscalizar el uso de la vía pública por parte de los establecimientos comerciales, a fin de que se establezcan medidas correctivas inmediatas que permitan que estas estén despejadas para el tránsito normal de la población. Asimismo, pidió a la autoridad edil a fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre accesibilidad que rigen en lo que concierne a infraestructura pública.
En el escrito, el representante de la Defensoría del Pueblo precisó que la Ley General de la Persona con Discapacidad también establece la obligación del Estado de garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad y que este deber se encuentra igualmente señalado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, suscrita por el Perú.
En ese sentido, Ticona pidió a la actual gestión edil a no descuidar el cumplimiento de esta obligación, al margen de que resten pocos meses para el ingreso de nuevas autoridades. “Como institución encargada de velar por la defensa de los derechos de la población, nos preocupa que el cambio de gestión edil continúe perjudicando a las personas con discapacidad, por lo que solicitamos que las actuales autoridades cumplan con el rol fiscalizador que les compete”, remarcó.