Una denuncia interna sacude la Universidad Nacional del Altiplano por presuntos reacomodos docentes sin concurso en la Facultad de Trabajo Social. La decana Luz Marina Meneses Cariapaza aparece como la autoridad que impulsa dos contrataciones presuntamente irregulares durante el año académico 2026, bajo la gestión del rector Paulino Machaca Ari, quién es cuestionado por politizar la Universidad.
Contratos
El primer episodio involucra a la docente Daisy Mestas Yucra con un contrato por reemplazo de la vicegobernadora Margot Eladia de la Riva Valle. La vicegobernadora solicitó licencia sin goce de haber por un año mediante la resolución rectoral 0197-2025-R-UNA y los contratos de Mestas Yucra nunca pasaron por un concurso público.
La vicegobernadora pidió su reincorporación el primero de enero de 2026 con la resolución 0659-2026-R-UNA. Esta acción eliminó la plaza que ocupaba Mestas Yucra, pero la facultad le asignó una categoría B2 sin convocatoria. La secretaria general Leila Flores y el rector Machaca Ari firman la resolución que sostiene todo el procedimiento.
Favoritismo
La docente Mónica Vilela Sarmiento ocupó la plaza B2 durante 2025 con las resoluciones 1304 y 2718-2025-R-UNA. El 23 de marzo de 2026 solicitó a la decana un ascenso a la categoría B3 sin cumplir el requisito de permanencia en la misma plaza. La norma exige la renovación en el mismo puesto del segundo semestre de 2025.
La decana Meneses Cariapaza integra en simultáneo la comisión que evalúa y decide ambos casos. Esta doble función como solicitante y evaluadora alimenta las sospechas de favoritismo. Una fuente revela que “se contrata al que conviene, no al que sea el mejor profesional de su área” durante la gestión más politizada de los últimos gobiernos universitarios.
Evidencia
La resolución rectoral 0442-2026-R-UNA aprobó el 20 de marzo de 2026 el proceso de renovación para la sede central. La norma designa una comisión descentralizada por facultad para evaluar el cumplimiento de funciones y proponer renovaciones solo en la misma plaza ocupada en el segundo semestre de 2025.
Ningún documento del legajo justifica con criterios técnicos el salto de una plaza de reemplazo a una B2. Ambas docentes acceden a nuevas categorías contractuales sin competir con otros postulantes en un proceso abierto. Esta situación coloca las contrataciones en vulnerabilidad legal frente a cualquier impugnación posterior que pueda presentarse.
