En declaraciones de la abogada Carmen Hualla, se señala una preocupante impunidad y un serio atentado al derecho a la justicia, incluso reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hualla afirma que existe un pacto entre el Congreso, el Ejecutivo y el Tribunal Constitucional (TC) para eximir al expresidente Alberto Fujimori de los delitos de lesa humanidad cometidos durante su gobierno.
El analista político advierte sobre la evidente complicidad entre Boluarte y el fujimorismo, sugiriendo que la liberación de Fujimori obedece a motivos políticos y no jurídicos. «Es claro que la justicia demanda que Fujimori responda por los múltiples delitos de lesa humanidad cometidos en su gobierno, incluido el caso Pativilca, donde se busca justicia para 6 agricultores acribillados, presuntamente por órdenes del expresidente».
Finalmente, se destaca la opinión de que el Tribunal Constitucional politizado y un Congreso lleno de intereses ponen en peligro la democracia en Perú.
Se argumenta que la justicia se debilita frente a crímenes de lesa humanidad y a los intereses políticos del momento, subrayando la necesidad de independencia en estas instituciones para cumplir con sus funciones.
