La Contraloría General de la República detectó que en el interior del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PELBT) se evitó que dos consultores cuyos contratos fueron resueltos pasen al banquillo de los acusados por sus infracciones.
Se trata de los consultores Edwin Guerra Ramos y Abarca Quispe Amilcar quienes cometieron infracciones en su labor, pero que no fueron llevados ante el tribunal de contrataciones.
Sus casos debían ser notificados a dicho tribunal pero los funcionarios del PELBT omitieron ese acto con lo cual genera impunidad de los mencionados.
El proyecto perjudicado es el de la construcción de protección contra las inundaciones del río Karimayo donde los mencionados no cumplieron con sus contratos y no sufrieron consecuencia alguna.
