El Poder Judicial declaró fundado el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra cuatro funcionarios de la Municipalidad Provincial de San Román, investigados por integrar la presunta organización criminal «Los Burros de la Corrupción», a requerimiento de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Puno.
Los detenidos son Hardy Meyer Quispe L., gerente de Transportes y Seguridad Vial; Edwerson William Pacori P., exsubgerente de Circulación; Alberth Aguirre C., exjefe del Departamento de Fiscalización; y Yony Apaza J., subgerente de Regulación de Transporte de Vehículos Menores, todos trabajadores de la comuna.
El fiscal provincial Arturo Saúl Zirena Asencio sustentó el requerimiento con «graves y fundados elementos de convicción» que evidenciarían la existencia de la organización, integrada por servidores públicos, dedicada a delitos contra la administración pública.
Modus operandi y alcance del caso
De acuerdo con la hipótesis fiscal, «Los Burros de la Corrupción» habrían operado como una «red criminal» conformada por funcionarios y servidores de la Gerencia de Transportes, que solicitaban ventajas económicas a conductores sancionados por infracciones de tránsito.
A cambio de pagos entre 500 y 5 000 soles, los trabajadores municipales omitían registrar papeletas en el sistema del Ministerio de Transportes, anulaban sanciones irregularmente o liberaban vehículos retenidos sin cumplir los procedimientos legales establecidos.
El órgano jurisdiccional dictó además comparecencia con restricciones para el alcalde Óscar C. R., la exsecretaria Victoria Onofre M., el personal de seguridad Jhordan Tintaya L., todos ligados a la comuna, y el particular Alex Álvarez C.
Investigación de gran magnitud
El Ministerio Público identificó 480 expedientes administrativos con presuntas irregularidades en trámites de papeletas remitidas a la Municipalidad, los cuales sustentan la investigación contra la organización de funcionarios.
El caso alcanza aproximadamente 490 personas, pues suma a los 480 conductores investigados por cohecho activo genérico, cifra que podría incrementarse conforme avancen las diligencias fiscales en curso.
La Fiscalía reafirmó su compromiso de continuar una investigación objetiva y exhaustiva para esclarecer los hechos, con respeto al debido proceso y presunción de inocencia de todos los involucrados en el caso.
