La dirigencia de Juliaca cuestionó la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de enviar al archivo la denuncia contra la mandataria, el primer ministro y dos exministros por las muertes ocurridas durante las protestas sociales y calificó la decisión como un claro blindaje del Congreso al ejecutivo.
Pedro Quispe Quisocala, subsecretario de Prensa del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (Sutep) Puno, manifestó que existe una clara intención de atrincherarse en el gobierno hasta el 2026 en confabulación con el parlamento.
El dirigente expresó su indignación al señalar que a pesar de tener los informes de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos que denuncian masacres, ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de armas, entre otros delitos, la comisión del Congreso sustentó que no había pruebas.
Por otro lado, Quispe Quisocala calificó de arbitrario y amedrentamiento el comunicado del Ministerio de Educación, donde amenaza con denuncias y sanciones a los responsables de la interpretación de un tema himno de las protestas en Puno por la banda escolar de una escuela en el distrito de Asillo, provincia de Azángaro.
Finalmente, exigió que se respeten los derechos humanos y se garantice la justicia en el país y que el Congreso cumpla con su función de fiscalización sin blindar al gobierno. Además, invocaron a la población a estar atenta y continuar movilizándose en defensa de sus derechos.
