El dirigente de las Cuatro Zonas de Juliaca, Juan Zapata Chambilla, convocó a la ciudadanía a una audiencia ante la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), programada para las 10:00 horas del día martes en Real Plaza, con el fin de exigir la renuncia inmediata del jefe regional de esa entidad, Javier Pineda Ancco, por no fiscalizar ni regular a Seda Juliaca.
Zapata Chambilla instó a toda la población a concentrarse a partir de las 09:30 horas en la entrada de Real Plaza, donde funciona una oficina de la SUNASS, para ingresar en conjunto y presentar sus quejas ante la entidad reguladora sin que esta ponga impedimentos al ingreso ciudadano.
El dirigente precisó que la participación es abierta y que cualquier usuario con recibo de agua, problema de suministro, sobrefacturación o maltrato del personal de Seda Juliaca puede asistir, pues la SUNASS tiene la facultad de fiscalizar y regular a dicha empresa prestadora del servicio.
La principal exigencia apunta a la renuncia inmediata de Javier Pineda Ancco, jefe regional de la SUNASS, a quien la dirigencia responsabiliza de no haber ejercido control sobre Seda Juliaca, pese a que el servicio de agua acumula años de irregularidades en toda la provincia de San Román.
Además, Zapata Chambilla denunció que el costo del agua se habría incrementado hasta cuatro veces en el último año, contraviniendo la norma que permite solo un ajuste tarifario anual, situación que atribuye directamente a la falta de control de la entidad reguladora.
El dirigente alertó sobre presuntas irregularidades en el manejo de medio millón de soles vinculados a Seda Juliaca, cuyo destino se desconoce tras el desplome de una infraestructura, por lo que se solicitará información a la Fiscalía y al Gobierno Regional sobre las carpetas de investigación abiertas.
En ese sentido, Zapata Chambilla advirtió que, si la audiencia del martes no concluye con acuerdos concretos, la dirigencia escalará sus acciones con nuevos memoriales y pedirá la destitución formal de Pineda Ancco, pues los servidores públicos deben responder ante el pueblo que financia sus salarios con el pago de tributos.
