La gestión del alcalde de la Municipalidad Distrital de Pilcuyo (El Collao), Igor Cleofas Maquera Mamani, contrató a seis funcionarios de confianza, cuando la ley solo lo faculta con dos; además cuatro de ellos no cumplen el perfil para asumir dichos cargos.
El Informe de Vista de Control N° 019-2023-OCI/9022-SVC, de la Contraloría General de la República, revela que la municipalidad de Pilcuyo superó el límite del 5 % del total de cargos o puestos existentes para las designaciones de servidores de confianza, asimismo, designó funcionarios públicos de libre designación y remoción, sin acreditar el cumplimiento de algunos requisitos mínimos.
Tampoco acreditó la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en la normativa legal; no acreditó la revisión de la información contenida en registros y plataformas para la verificación de impedimentos para el acceso a la función pública; y no adecuó los instrumentos de gestión de recursos humanos.
Sobre la primera observación, el Cuadro Analítico de Personal Provisional, señala que la municipalidad cuenta con un total de personal CAP 44 y un funcionario público, sin embargo, en el mismo documento se detalla un total de cuarenta y cinco 45 puestos CAP más un funcionario, por lo cual se consideró este último para obtener el porcentaje de personal de confianza que debe tener la Entidad, siendo como resultado dos.
Sin embargo, se identifica que, la Entidad habría considerado en su instrumento de gestión Cuadro de Analítico de Personal Provisional (CAPP), seis puestos de confianza, situación que transgrede la Ley Nº 31419 y su reglamento además de normativa sobre la materia. Pero realizó cuatro designaciones en el mismo, quedando libre dos, uno por renuncia y otro al ser un contrato CAS.
Asimismo, se identificó que cuatro funcionarios no cumplen el perfil para asumir dichos cargos, siendo estos: el gerente municipal, Fredy Quispe Tintaya, quien recién durante la ejecución del servicio de visita de control, presentó su currículum vitae, la misma que consta de 22 folios y un archivo digital, vulnerándose el numeral 2.2 del artículo 2° de la Ley N° 31419 , que establece que, los funcionarios aspirantes y/o propuestos tienen la obligación de presentar previamente a su designación, la información que acredite los requisitos para asumir los cargos o puestos.
Tampoco cumple con los conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto, tales como: abastecimientos, contrataciones del estado, gestión de Recursos Humanos, Tesorería, Contabilidad, en razón a que, no se aprecia capacitaciones, ni desempeño laboral o contractual en los rubros mencionados, tampoco algún registro de evaluación o entrevista; tampoco acredita certificados con relación a los requisitos de ofimática e idioma y ante la ausencia de tales documentos se determinaría su incumplimiento.
Mientras que, el subgerente de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental, Edwin Edson Chura Fura, no acredita experiencia general ni específica, solo cuenta con seis meses de experiencia en el sector privado como analista de créditos.
El subgerente de Infraestructura Urbano y Rural, Moisés Chino Calli, no acredita cursos y programas de especialización, tampoco ofimática nivel intermedio, ni aimara básico. No acredita experiencia general de dos años en el ejercicio de su especialidad. No acredita experiencia especifica de un año desempeñando funciones similares, y no acredita el nivel mínimo de experiencia.
Finalmente, el subgerente de Desarrollo Social y Servicios Municipales, Eloy Aruata Huacca, no cumple con el perfil en el nivel educativo y estudios requeridos, ni se encuentra colegiado ni habilitado, y solo acredita título pedagógico de profesor en Educación Primaria.
Tampoco acredita cursos y programas de especialización en Gerencia Social y gestión pública con una duración de 100 horas académicas. No acredita cursos de ofimática. No acredita experiencia general, en función a los requisitos establecidos en el Manual de Perfiles de puestos, solo cuenta con un año y siete días de experiencia general.
