El congresista Carlos Zeballos Madariaga confirmó que la etapa 4 del Proyecto Integral de Agua y Alcantarillado (PIAA) volvió a foja cero tras anularse el proceso de licitación. La decisión se tomó al detectarse presuntas irregularidades en la adjudicación a un consorcio mexicano-brasileño por 816 millones de soles.
La etapa, la más costosa del proyecto, había sido cuestionada por Zeballos desde un inicio. “Solo hubo un postor y el monto superó el referencial”, declaró. Esto generó sospechas de empresas cascarón y falta de transparencia, lo que llevó a la nulidad del proceso. “No podemos permitir que se maneje así el dinero público”, enfatizó el legislador.
El proyecto, clave para Juliaca, busca garantizar agua y alcantarillado para miles de familias. Sin embargo, la etapa 4 —que representa el 80% del presupuesto total— enfrenta ahora un nuevo retraso. Zeballos exigió que la nueva licitación sea rigurosa y con múltiples postores para evitar favoritismos. “La población merece obras limpias”, recalcó.
La Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP) también está bajo la lupa. Zeballos denunció que esta entidad no fiscalizó adecuadamente el proceso y pidió su reestructuración inmediata. “Deben responder por su inacción”, advirtió, señalando que la UCP permitió avances sin garantías técnicas ni legales.
Dirigentes locales respaldaron la medida. “Es mejor empezar de cero que permitir más corrupción”, afirmó un representante comunitario. La etapa 2, con 125 millones de soles, y la etapa 3, valorizada en 514 millones, también enfrentan demoras. Ambas dependen de reuniones en Lima para definir sus cronogramas.
El Ministerio de Vivienda aún no ha anunciado fechas para la nueva convocatoria. Mientras tanto, la población de Juliaca sigue a la espera de soluciones. “El agua no puede esperar más”, exigieron vecinos, preocupados por los retrasos acumulados en un proyecto vital para la región.
Zeballos advirtió que fiscalizará cada paso del proceso. “No permitiremos que intereses oscuros saboteen el PIAA”, aseguró. La pregunta ahora es si el gobierno actuará con celeridad para evitar que la etapa 4 vuelva a caer en irregularidades.
