La justicia peruana dictó una sentencia histórica contra el expresidente Alejandro Toledo por los delitos de colusión y lavado de activos. La condena alcanza los 20 años y 6 meses de prisión efectiva tras comprobarse su participación en actos de corrupción relacionados con la empresa Odebrecht.
El caso involucra la construcción de la carretera Interoceánica Sur, un ambicioso proyecto de 2600 kilómetros que conectaría Perú con Brasil. Toledo aceptó sobornos por 35 millones de dólares para favorecer a la constructora brasileña Odebrecht en la adjudicación de los tramos 2 y 3 del proyecto.
La jueza Inés Rojas Contreras fundamentó su decisión en un exhaustivo análisis que incluyó 119 testimonios y más de mil pruebas documentales. «Se ha demostrado una serie o un rosario de irregularidades», señaló la magistrada al evidenciar la intervención directa e indirecta del exmandatario.
Durante el proceso judicial, Toledo intentó justificar sus acciones y admitió que el empresario Josef Maiman pagó dos cuotas de su vivienda en La Molina. El expresidente solicitó clemencia para «curarse o morir en su hogar» si era declarado culpable.
El megaproyecto vial involucró a dos importantes consorcios: CONIRSA, que incluía a Odebrecht y otras empresas para los tramos 2 y 3, e Intersur para el tramo 4. La trama de corrupción salió a la luz en 2016 cuando Odebrecht confesó el pago de sobornos en varios países.
La sentencia también alcanzó a Alberto Pasco-Font Quevedo y Sergio Bravo Orellana, exmiembros del Comité de Proinversión. Los funcionarios recibieron 9 años de prisión por aprobar estudios de factibilidad incompletos y favorecer a la empresa brasileña.
La jueza Rojas Contreras enfatizó el deber de neutralidad que debe mantener un presidente. Toledo traicionó su obligación de proteger los intereses del Estado al participar en una concertación que benefició a Odebrecht mediante conductas de conversión y transferencia de dinero ilícito.
