Un llamado de atención a los padres de familia y a las instituciones educativas y de salud realizó el fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Provincial de Familia de San Román, Richard Jhony Luque Bautista, tras advertir situaciones de riesgo que involucran a menores de edad en Juliaca. El representante del Ministerio Público pidió mayor vigilancia y acompañamiento familiar, además de una intervención articulada de las autoridades para evitar que los adolescentes continúen expuestos a situaciones que comprometan su integridad.
El fiscal reveló que durante un operativo preventivo en establecimientos que funcionan como videocines se identificó a más de 30 menores de edad, algunos de cuyos padres desconocían dónde se encontraban sus hijos y con quiénes estaban. Incluso, señaló que fue necesario trasladar a los adolescentes a la Comisaría de Familia y esperar hasta aproximadamente la medianoche para ubicar a sus familiares, debido a que algunos menores se resistían a proporcionar sus números telefónicos o direcciones domiciliarias.
Ante esta situación, Luque Bautista exhortó a los directores de las instituciones educativas a incorporar estos temas en sus planes de trabajo anual y fortalecer las escuelas de padres, al considerar que la formación de los estudiantes no debe limitarse al aspecto académico, sino comprender también su desarrollo integral y la orientación sobre sus derechos y responsabilidades.
Asimismo, pidió la participación del sector Salud y de las autoridades educativas para atender esta problemática desde sus respectivas competencias. Informó que los casos identificados serán derivados a la DEMUNA para evaluar las condiciones familiares y realizar el seguimiento correspondiente. También se coordinará con el Hospital Carlos Monge Medrano y los cuatro centros de salud mental comunitarios para brindar orientación y atención a los adolescentes y sus padres.
El fiscal también destacó la participación de las rondas campesinas, cuyos integrantes intervinieron para sensibilizar a los padres de familia que cuestionaban el operativo y la labor de las autoridades. Finalmente, anunció que se institucionalizarán las intervenciones preventivas, con evaluaciones y monitoreo periódico, e insistió en que la protección de los niños y adolescentes requiere el compromiso conjunto de las familias, las instituciones educativas y el Estado.
