Un pacto entre diversas fuerzas políticas permitió la captura de instituciones autónomas del Estado, protegió a líderes investigados y desencadenó una persecución sistemática contra periodistas que investigan abusos de poder y economías ilegales en el Perú, advirtió la periodista de investigación Jacqueline Fowks.
En entrevista con Razón Libre de Pachamama Radio, explicó que, aunque Fuerza Popular contaba con solo 22 congresistas, recibió el respaldo de legisladores de Perú Libre, Acción Popular y otras bancadas. A cambio de sus votos, obtuvieron presidencias de comisiones, el archivamiento de investigaciones fiscales y cargos en ministerios.
Fowks señaló que este acuerdo político permitió consolidar una mayoría parlamentaria que fortaleció el control sobre diversas instituciones del Estado y favoreció la impunidad de sus aliados.
«Todos han dicho que no van a dejar de denunciar y de trabajar, a pesar de la gravedad de los señalamientos que están teniendo», afirmó al referirse a los periodistas amenazados durante las últimas semanas por su labor informativa.
Instituciones vaciadas, periodistas en la mira
Recordó que, mientras en el año 2000 el fujimorismo compraba votos con dinero desde el Servicio de Inteligencia, actualmente el intercambio se realiza mediante cargos públicos, presupuesto para obras y el archivamiento de procesos penales contra aliados políticos.
Asimismo, sostuvo que el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y la Defensoría del Pueblo fueron copados por intereses políticos. Agregó que los 50 fallecidos durante las protestas de 2022 y 2023 continúan sin justicia, mientras nuevas leyes refuerzan la protección legal de las fuerzas del orden.
También mencionó que el procurador Moisés Vega denunció a la periodista Claudia Cisneros y al comunicador Pabel Yávar por presuntos delitos contra la tranquilidad pública, luego de que ambos advirtieran sobre posibles reacciones ciudadanas frente a presuntas irregularidades en el escrutinio electoral.
Explosivos, amenazas y solidaridad internacional
Fowks recordó que el periodista Alejandro Alminco, de Huánuco, sufrió un ataque con explosivos contra su vivienda tras difundir un video que involucraba a personas presuntamente vinculadas con la minería ilegal en Puerto Inca. Además, Radio Ucamara, en Loreto, y la periodista Geraldine Santos, también en Huánuco, recibieron amenazas por informar sobre minería ilegal y narcotráfico.
Destacó que organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas y Reporteros Sin Fronteras emitieron alertas internacionales en respaldo a los comunicadores afectados. A su juicio, la solidaridad nacional e internacional constituye hoy la principal protección frente a un Congreso que, según afirmó, legisla para garantizar la impunidad y silenciar el trabajo periodístico.
