El Gobierno de Keiko Fujimori prepara una reforma ambiental que aceleraría permisos, uniformaría criterios y sumaría presunción de veracidad y silencio administrativo positivo, una fórmula que preocupa porque podría reducir el control técnico sobre proyectos extractivos y obras.
La propuesta aparece en el pedido de facultades legislativas discutido en el primer Consejo de Ministros, y también tocaría minería, agricultura, pesca, energía y tributación, además de áreas naturales protegidas.
El borrador busca acortar plazos de evaluación y ordenar a entidades como el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, la Autoridad Nacional del Agua y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
El riesgo, según el propio análisis difundido, es que una revisión más rápida deje menos tiempo para evaluar impactos, medidas de mitigación y posibles daños sobre el ambiente y las poblaciones cercanas.
La propuesta también plantea que las restricciones en áreas protegidas se sustenten en evidencia científica, pero con instituciones que tienen poco personal y escasos recursos, esa exigencia podría complicar una protección oportuna.
En la práctica, el Ejecutivo quiere modificar la norma ambiental para facilitar inversiones y dar estabilidad a permisos ya otorgados, una decisión que abre debate por el peso que tendría frente a la defensa del territorio.
