Gobierno amplía estado de emergencia en distritos de Ayacucho por 60 días

El Poder Ejecutivo amplió por 60 días calendario el estado de emergencia en siete distritos de la región Ayacucho, como parte de la estrategia nacional para enfrentar la inseguridad ciudadana y la comisión de delitos de alto impacto.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 143-2025-PCM, publicado el sábado 20 de diciembre en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. En el caso de Ayacucho, la declaratoria alcanza a los distritos de Anco, Ayna, Santa Rosa, Samugari, Anchihuay, Río Magdalena y Unión Progreso, ubicados en la provincia de La Mar.

Según el dispositivo legal, la ampliación del estado de emergencia tiene como objetivo hacer frente a delitos como el tráfico ilícito de drogas, extorsiones, criminalidad organizada, tráfico ilegal de armas y trata de personas, entre otras actividades ilícitas que representan un riesgo para la vida y la integridad de la población.

Durante la vigencia de la medida, el control del orden interno estará a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el apoyo de las Fuerzas Armadas, las cuales intervendrán conforme a las disposiciones legales vigentes. El decreto precisa que las acciones se desarrollarán sobre la base de información de inteligencia, indicadores y estadísticas delictivas.

Asimismo, se establece que el uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden se regirá por lo dispuesto en el Decreto Legislativo N.° 1186, que regula la actuación policial, y en el Decreto Legislativo N.° 1095, que norma la intervención de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, junto a su reglamento correspondiente.

La ampliación del estado de emergencia en Ayacucho se enmarca en una disposición de alcance regional que también comprende distritos de Cusco y Junín. No obstante, el decreto contempla exclusiones específicas en determinadas zonas de esas regiones, las cuales no afectan a las jurisdicciones declaradas en emergencia dentro del territorio ayacuchano.

Con esta decisión, el Gobierno busca reforzar la presencia del Estado en zonas consideradas de alta incidencia delictiva, mientras continúan las acciones de control y prevención durante los próximos dos meses.

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