La presidenta Keiko Fujimori y el premier Luis Galarreta presentan el Proyecto de Ley N.° 00461-2026-2031-CD ante el Congreso. La iniciativa propone congelar por cinco años la creación y autorización de nuevas universidades públicas en todo el país, incluidas las nueve creadas en papel en Puno.
El documento se remite a Miguel Torres Morales, presidente del Senado y del Congreso, tras el Consejo de Ministros del 28 de septiembre. El Ejecutivo sostiene que la medida fortalece las instituciones existentes y ordena la oferta universitaria.
En Puno se crearon nueve universidades públicas recientes que permanecen solo en el papel. Ninguna opera ni ha convocado procesos de admisión. La moratoria busca ordenar esta oferta antes de autorizar más casas de estudio en la región y el resto del país.
La Ley 32461, publicada el 2 de octubre de 2025, crea cuatro de estas universidades. Incluye la Universidad Nacional Amazónica de Sandía, con sede en la provincia de Sandia. También establece la Universidad Nacional Chiriguana de Huancané, en Huancané.
La misma norma incorpora la Universidad Nacional de Ayaviri, con sede en el distrito de Ayaviri, provincia de Melgar. Asimismo, crea la Universidad Nacional Pedro Vilcapaza de Azángaro, en la provincia de Azángaro. Estas cuatro aún no inician actividades.
La Ley 32011 crea la Universidad Nacional de Carabaya, con sede en Macusani. La Universidad Nacional Fronteriza Autónoma de Yunguyo se estableció en Yunguyo mediante normas recientes. Ambas figuran entre las creadas únicamente en el papel.
La Ley 32578, de abril de 2026, crea la Universidad Nacional Tecnológica Intercultural de Pomata, en el distrito de Pomata, provincia de Chucuito. La Ley 32583, del mismo mes, establece la Universidad Nacional de América Ludovico Bertonio, en Juli. Una norma adicional crea la Universidad Nacional de Desaguadero, en Chucuito.
Las nueve instituciones dependen de comisiones organizadoras del Ministerio de Educación. Ninguna cuenta con licencia institucional ni presta servicio académico. El proyecto de moratoria las sujeta a la suspensión de cinco años.
El documento lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y del premier Luis Galarreta. Queda pendiente el trámite en el Congreso de la República.
