El Instituto Peruano de Economía (IPE) alertó que ocho de diez regiones peruanas enfrentan alto riesgo de corrupción previo a las elecciones regionales y municipales, tras evaluar catorce indicadores de gestión pública entre 2019 y 2026. Carlos Gallardo, gerente general del IPE, presentó un clasificador con cinco niveles de riesgo donde ninguna región alcanza la categoría más baja.
La clasificación surge de prácticas que crean espacios para actos de corrupción, señaló Gallardo ante periodistas, en contexto de que nuevas autoridades asumirán cargos en semanas. El análisis incluye atomización de proyectos, declaratorias de emergencia y concentración de gasto en diciembre, período en que gobiernos regionales y locales gastan el doble del presupuesto mensual.
Tumbes registra la peor situación, alcanzando nivel de riesgo muy alto con menor porcentaje de postores únicos en contrataciones y mayor cantidad de proyectos abandonados o paralizados. Lima y Callao ocupan posiciones críticas por proyectos sin movimiento durante seis meses, mientras otros indicadores reflejan saturación de emergencias declaradas.
Mecanismos principales de riesgo
Gallardo identificó cuatro mecanismos frecuentes donde corrupción encuentra camino: contrataciones con postor único bajo declaratorias de emergencia; compras menores bajo ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT) con procedimientos simplificados; acumulación de gasto en diciembre; y proyectos mal diseñados que generan ajustes en expedientes durante ejecución. Cada práctica requiere mayor sustentación técnica para reducir discrecionalidad del funcionario.
La percepción de satisfacción respecto a gestión local y regional alcanza cifras críticas en Tumbes con cuatro por ciento regional y seis por ciento local, según el IPE. Huancavelica, Huánuco y Ayacucho también concentran múltiples condiciones de riesgo acumuladas en tiempo, escalando de tres a diez regiones en los dos niveles más graves desde evaluaciones anteriores.
El análisis enfatiza que periodistas y sociedad civil deben exigir reportes y rendición de cuentas sobre deterioro de condiciones que elevan riesgos de mala gestión, mientras autoridades electas deben identificar dónde flaquean gestiones anteriores para tomar acción correctiva desde el inicio del periodo.
