Decenas de pobladores de la comunidad campesina de Lluco del distrito de Coata llegaron hasta las puertas del Poder Judicial en Juliaca para protestar contra la sentencia de ocho años de prisión impuesta a Guillermo Canaza Capacoyla, expresidente comunal acusado de desviar el cauce del río Coata.
Los manifestantes rechazaron categóricamente las acusaciones y señalaron que Canaza solo realizó labores de descolmatación y limpieza del río contaminado por relaves mineros, desechos de Juliaca y sedimentos que se acumulan anualmente, lo cual fue autorizado por la propia asamblea comunal tras la indiferencia de las demás autoridades.
Félix Suasaca Suasaca, exdirigente del Frente de Defensa de la Cuenca Coata, calificó la sentencia como injusta, aduciendo que es increíble que las autoridades sentencien a un poblador, mientras que se hacen los ciegos frente a la contaminación del rio Coata ocasionada por la provincia de San Román.
Los comuneros acusaron al fiscal Federico Chávarri de archivar sistemáticamente denuncias contra mineras y empresas que laboran en cabeceras de cuenca, mientras persigue a dirigentes que defienden el ambiente, generando indignación entre familias que viven de agricultura y ganadería afectadas por contaminación.
La protesta se desarrolló con cartelones que señalaban «Río Coata no es zona minera» y consignas contra el juez Víctor Paredes, la jueza Jessica Condori y el fiscal Chávarri, mientras esperaban la lectura definitiva de sentencia programada para las seis de la tarde.
Los manifestantes advirtieron que si se ratifica la condena tomarán medidas drásticas como cerrar el rio Torococha, bloquear la vía Panamericana y paralizar Juliaca, tal como hicieron en años anteriores cuando las inundaciones causaron pérdidas de miles de hectáreas por falta de descolmatación oportuna del cauce.
