La Dirección Regional de Educación Puno (DREP) podría perder la facultad de sancionar a funcionarios y servidores por presuntas irregularidades detectadas por la Contraloría, debido a retrasos en tres procedimientos administrativos disciplinarios, según un informe de control del 19 de octubre de 2026.
Las presuntas faltas corresponden al otorgamiento de cupones de alimentación a trabajadores de institutos y escuelas de educación superior durante 2022 y al incumplimiento de entrega de información pensionaria solicitada por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) en otros dos casos.
La jefa del Órgano de Control Institucional (OCI), Dafne Irina Gonzales Rodríguez, suscribió el informe que advierte sobre la posible impunidad de las faltas y señala el riesgo de que «no se puedan deslindar oportunamente las responsabilidades administrativas de los funcionarios y servidores involucrados».
Un plazo venció y otros siguen pendientes
El primer procedimiento, relacionado con los cupones de alimentación, alcanzó su fecha límite el 21 de octubre de 2026, cinco días antes de la fecha de referencia, sin que el informe del OCI acreditara la notificación formal del inicio del proceso al funcionario investigado.
Los otros dos procedimientos, relacionados con información pensionaria, todavía cuentan con plazo hasta el 23 y 24 de diciembre de 2026, respectivamente, pero la Secretaría Técnica de la DREP no había emitido los informes necesarios para determinar las presuntas faltas y responsabilidades.
La DREP podría evitar la prescripción de estos dos últimos casos si inicia los procedimientos y notifica formalmente a los investigados antes de sus respectivos vencimientos, mientras el primer expediente requiere verificar si la entidad efectuó la notificación dentro del plazo establecido.
La demora administrativa podría impedir futuras sanciones
La normativa del Servicio Civil establece que la entidad dispone de un año para iniciar el procedimiento disciplinario desde que su titular recibe el informe de control, plazo que exige notificar formalmente al investigado para impedir la prescripción de la facultad de iniciar el proceso.
La prescripción significa que la institución pierde la posibilidad legal de iniciar un procedimiento disciplinario por las faltas detectadas, aunque existan indicios de responsabilidad, situación que impediría sancionar administrativamente a los funcionarios involucrados mediante esos procedimientos.
El OCI solicitó al titular de la DREP informar en cinco días hábiles las medidas preventivas o correctivas adoptadas, acompañadas de documentación sustentatoria, para verificar las actuaciones del primer expediente y evitar que los otros dos procedimientos alcancen sus fechas de prescripción.
