El exconsejero regional por la provincia de San Román, Isidro Pacohuanaco Paco, solicitó la intervención del Ministerio Público ante presuntas irregularidades en la acreditación de la experiencia profesional de funcionarios y jefes de proyectos del Gobierno Regional de Puno. Según manifestó, las supuestas anomalías podrían estar relacionadas con las dificultades que afrontan importantes obras y proyectos de la actual gestión regional.
Pacohuanaco señaló que, tras la difusión de un informe periodístico la noche del lunes, se habrían conocido documentos que pondrían en duda la autenticidad de certificados y la experiencia laboral de algunos profesionales que ocupan cargos vinculados a la ejecución de proyectos. Precisó que uno de los casos expuestos correspondería a un ingeniero cuya certificación figura en 2024, pese a que, según la información difundida, la empresa relacionada con sus antecedentes habría dejado de operar en 2019.
El exconsejero sostuvo que estos hechos deben ser esclarecidos mediante una investigación que permita determinar si los documentos presentados por los funcionarios son auténticos y si cumplen con los requisitos exigidos para ejercer sus respectivos cargos. Asimismo, mencionó que en uno de los casos el código QR de un certificado conduciría a información correspondiente a otra persona, situación que, de confirmarse, ameritaría una verificación por parte de las autoridades competentes.
Cuestiona experiencia de responsables de proyectos
Durante la entrevista, Pacohuanaco cuestionó la experiencia de los profesionales que tienen a su cargo proyectos del Gobierno Regional de Puno. Como ejemplos, mencionó la adquisición de ambulancias y la implementación de equipos para los bomberos, iniciativas que, según indicó, llevan aproximadamente dos años sin alcanzar los resultados esperados.
A su juicio, la falta de experiencia de quienes dirigen estos proyectos podría estar afectando su desarrollo. En ese sentido, consideró necesario revisar los antecedentes laborales y académicos de los responsables, así como verificar que cumplan con los perfiles establecidos para cada puesto.
El exconsejero también hizo referencia al caso de Limache, actual decano del Colegio de Ingenieros, al señalar que existirían cuestionamientos sobre su experiencia profesional antes de asumir funciones relacionadas con la supervisión de obras en el Gobierno Regional de Puno. Estas afirmaciones, al igual que las referidas a otros funcionarios, requieren ser contrastadas con la documentación correspondiente y la versión de los involucrados.
Pacohuanaco Paco vinculó sus cuestionamientos con la situación de diversos proyectos de infraestructura hospitalaria en la región. Entre ellos, mencionó el Hospital Materno Infantil de Juliaca y los hospitales de Juli, Ilave y Huancané, cuyas obras, según manifestó, afrontan paralizaciones o problemas de financiamiento.
El entrevistado consideró que las dificultades de estos proyectos no deberían atribuirse únicamente a la falta de presupuesto del Ministerio de Salud, como según refirió habría señalado el gobernador regional, Richard Hancco. Para Pacohuanaco, también corresponde evaluar la capacidad técnica y la experiencia de los funcionarios responsables de su ejecución.
No obstante, durante la entrevista no se presentaron elementos que permitan establecer que las presuntas irregularidades documentarias sean la causa directa de las paralizaciones o del desfinanciamiento de las obras mencionadas. Esta relación deberá ser determinada a partir de las investigaciones y de la documentación técnica y administrativa de cada proyecto.
Finalmente, el exconsejero solicitó que el Ministerio Público investigue los hechos difundidos y determine si existen responsabilidades administrativas o penales. También cuestionó la falta de acciones que, a su entender, deberían adoptar las autoridades competentes frente a las presuntas irregularidades.
Pacohuanaco insinuó que la condición de exfiscal del gobernador Richard Hancco podría influir en la actuación de la Fiscalía; sin embargo, no presentó pruebas que sustenten esa afirmación. Por ello, cualquier posible responsabilidad deberá establecerse mediante una investigación independiente y con las garantías correspondientes.
Hasta que las presuntas irregularidades sean verificadas, los cuestionamientos formulados por el exconsejero constituyen denuncias que requieren corroboración. La revisión de los certificados, la experiencia profesional de los funcionarios y los requisitos exigidos para sus cargos será fundamental para determinar si existieron incumplimientos y si estos tuvieron consecuencias en la ejecución de los proyectos regionales.
